Ex primera ministra estaría investigada por certificado médico falso y enfrentaría pedido de prisión preventiva por incumplir restricciones
La situación legal de la ex primera ministra Betssy Chávez se habría complicado dramáticamente mientras permanece refugiada en la embajada de México en Lima. Las autoridades peruanas habrían abierto dos nuevos frentes contra la exfuncionaria, quien enfrenta el juicio por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Nueva investigación por certificado médico presuntamente falso
La Fiscalía habría iniciado una investigación contra Chávez y su abogado, Raúl Noblecilla, por los presuntos delitos de falsedad ideológica y genérica. La acusación se centraría en la presentación de un certificado médico que habría sido falsificado para justificar la ausencia de la ex primera ministra en una audiencia clave del juicio.
El documento en cuestión alegaba que Chávez sufría de «bronquitis aguda», sin embargo, la Clínica Chorrillos —que supuestamente habría emitido el certificado— habría negado categóricamente su autenticidad. La institución médica informó que Chávez no fue atendida en sus instalaciones, que el médico firmante no trabajaría en la clínica desde hace años, y que el recetario utilizado correspondería a un modelo antiguo y fuera de uso.
Pedido de prisión preventiva por incumplimiento
En un segundo frente legal, un fiscal habría solicitado cinco meses de prisión preventiva para la ex ministra, buscando reemplazar la «comparecencia con restricciones» que tenía hasta ahora. La solicitud se basaría en el presunto incumplimiento de las reglas de su libertad condicional.
Según el expediente fiscal, Chávez habría dejado de asistir al control biométrico obligatorio desde al menos el 27 de octubre. Para el 3 de noviembre, fecha en que debía registrarse nuevamente, ya se habría confirmado su ingreso a la embajada mexicana en busca de asilo político.
Crisis diplomática entre Perú y México
La situación habría desencadenado una grave crisis diplomática. México ya habría concedido el asilo político a Chávez, pero la exfuncionaria permanecería en la embajada a la espera de un salvoconducto del gobierno peruano para poder viajar a territorio mexicano. Esta controversia habría provocado la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Postura mexicana: México invocaría la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, que en teoría obligaría al país anfitrión a entregar el salvoconducto necesario.
Postura peruana: El gobierno de José Jerí se habría negado rotundamente, argumentando que la misma convención tendría una excepción clave: el asilo no se aplicaría a personas procesadas por «delitos comunes». Perú sostendría que un intento de golpe de Estado constituiría un delito común, no un delito político.
Estrategia legal de la defensa
Durante la audiencia, el abogado Raúl Noblecilla habría utilizado un «alegato político», afirmando que su clienta sería una perseguida política y que el juez ya no tendría jurisdicción sobre ella. Inmediatamente después, Noblecilla habría renunciado a la defensa de Chávez en un movimiento que expertos legales considerarían calculado.
Abogados penalistas consultados coincidirían en que la estrategia de la defensa mostraría un «patrón de torpezas» y «descaro» destinado a dilatar el proceso judicial. La renuncia del abogado obligaría al Poder Judicial a suspender el proceso y asignar un defensor de oficio, quien por ley debería solicitar tiempo para estudiar el voluminoso expediente del caso, logrando así más tiempo.
El papel controversial del Tribunal Constitucional
Es importante recordar que Chávez habría estado en prisión preventiva hasta septiembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su excarcelación. El TC no la habría declarado inocente, sino que habría determinado que se vulneró su debido proceso y derecho a la defensa durante la detención. Esta polémica sentencia le habría otorgado la libertad con restricciones que ahora estaría presuntamente violando.
Advertencia de expertos
Sin embargo, un experto en derecho penal habría advertido que solicitar la prisión preventiva en este momento podría ser «impertinente», ya que le daría más fuerza a Chávez para reforzar su narrativa de «perseguida política» ante organismos internacionales y la opinión pública.
La ex primera ministra permanecería en un limbo legal y diplomático dentro de la embajada mexicana, mientras el conflicto entre Perú y México por su caso continuaría escalando sin una solución clara a la vista.