Congresista de Renovación Popular exige investigación tras nuevas revelaciones
El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) afirmó que se podría hablar de delitos o una falta ética sobre la gestión que Waldemar Cerrón (Perú Libre) habría realizado a favor de sus cuñados, según información que ha salido a la luz.
En declaraciones públicas, Muñante señaló que la Comisión de Ética Parlamentaria tendría que actuar de oficio si se comprueba la veracidad de la denuncia, a fin de determinar si hubo direccionamiento o no de beneficios hacia familiares del legislador oficialista.
«Cualquier situación que se genere en cuanto al beneficio directo hacia un familiar, obviamente que eso tiene que ser investigado y aquí la Comisión de Ética tendría que actuar de oficio, si es que así se determina, para que se ventile este tema y pueda dilucidarse si ha habido o no un direccionamiento de su parte», expresó el parlamentario.
Muñante fue enfático al advertir sobre las posibles consecuencias legales del caso: «Si lo ha habido, podríamos hablar incluso hasta de delitos, o hasta de una falta ética, pero tendría esto que ser evaluado por las instancias correspondientes. Aquí toda persona que tenga una acusación o denuncia tiene que ser investigada, y hay instancias correspondientes para hacerlo».
Propuesta de reforma
El congresista de Renovación Popular recordó que presentó un proyecto de ley donde propone que sea la Mesa Directiva quien tenga la potestad de sancionar a los congresistas y ya no la Comisión de Ética, buscando mayor celeridad en los procesos.
«Yo he sido uno de los congresistas que ha propuesto en un proyecto de ley, que cuando se trate de un flagrante delito o una situación bastante importante, sea directamente la Mesa Directiva quien tenga la atribución de poder sancionar al congresista y que ya no pase por la Comisión de Ética», manifestó.
«Esta es una observación bastante legítima, no tenemos lamentablemente otro mecanismo interno que pueda ser mucho más rápido, por eso es que estamos proponiendo, a través de la modificación del reglamento, que sea la Mesa Directiva quien se encargue», agregó Muñante.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control ético en el Congreso de la República, especialmente cuando se trata de posibles beneficios indebidos hacia familiares de los legisladores.
