Wilber Medina advierte que suspensión vulnera principios constitucionales y genera precedente peligroso en sistema de justicia
El jurista Wilber Medina, representante legal del presidente de la Junta Nacional de Justicia Gino Ríos, cuestionó duramente la resolución que suspende por 24 meses a Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación, calificándola como una decisión que carece de fundamento legal y constitucional.
Durante una entrevista radial matutina, Medina expresó su total desacuerdo con el fallo emitido por el juez Segismundo León Velasco, aunque reconoció que la defensa de Benavides debería acatar la medida mientras se tramitan los recursos correspondientes.
«Defiendo principios más allá de las personas involucradas. Esta es una decisión que debe ser respetada, aunque no compartamos su contenido. Estoy convencido de que los abogados de la señora Benavides son profesionales íntegros que cumplirán con los procedimientos legales establecidos», señaló el procesalista.
Inconsistencia en criterios judiciales
El principal argumento de Medina se centra en la falta de coherencia del sistema judicial al resolver casos similares con criterios completamente diferentes. El abogado recordó que solicitudes idénticas presentadas contra otros fiscales supremos fueron desestimadas por otros magistrados.
«Cuando se solicitó una medida similar contra Tomás Gálvez, el juez Juan Carlos Checkley la declaró improcedente argumentando que se trataba de un funcionario aforado que requería el levantamiento previo de su fuero por parte del Congreso. La misma línea siguió Saúl Peña Farfán en el caso de Luis Arce», explicó Medina.
El jurista enfatizó que esta disparidad de criterios genera inseguridad jurídica y vulnera el principio constitucional de predictibilidad. «León Velasco ha resuelto de manera completamente opuesta a sus colegas en situaciones prácticamente idénticas, lo que constituye una grave falla del sistema», agregó.
Contradicción jurídica evidente
Uno de los aspectos más polémicos señalados por Medina es la paradoja de suspender a una persona que formalmente no ejerce el cargo. El abogado destacó que Delia Espinoza se habría negado sistemáticamente a transferir las funciones a Benavides, pese a las resoluciones de la JNJ.
«Resulta contradictorio suspender a alguien de un puesto que no está ocupando efectivamente. Es como si pretendieran despedir a un empleado que nunca ingresó a trabajar», manifestó el letrado, quien comparó la situación con una obra de teatro absurda.
Escenario complejo para el futuro
Respecto a las posibilidades de reversión de la medida, Medina se mostró pesimista sobre un eventual retorno de Benavides a la Fiscalía de la Nación. Explicó que los tiempos procesales de apelación podrían extenderse hasta un mes, periodo que coincidiría con el vencimiento natural del mandato de tres años de la funcionaria.
«Los recursos de apelación requieren entre 20 y 30 días para su resolución. Para cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema pueda pronunciarse, el periodo constitucional de Benavides ya habría culminado el primero de julio», detalló el especialista.
Señalamientos contra la fiscal encargada
Medina fue contundente al referirse a la conducta de Delia Espinoza, a quien acusó de quebrantar el principio de igualdad ante la ley establecido en la Constitución. El abogado sostiene que la funcionaria habría incurrido en delito de desobediencia a la autoridad.
«La Constitución establece claramente que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero desde el 13 de junio parece existir una excepción: la señora Espinoza», declaró Medina, quien citó el artículo 368 del Código Penal que tipifica como delito la resistencia a órdenes de autoridad competente.
El procesalista insistió en que su posición se basa estrictamente en lo que establece la normativa vigente y no en opiniones personales, recordando precedentes como el caso del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
