El uniformado habría convertido su credencial oficial en herramienta de intimidación para consumar robos de celulares en plena calle
La confianza ciudadana en la Policía Nacional recibe otro golpe devastador. En Ucayali, un suboficial identificado como Jack Diego habría sido desenmascarado como integrante de una banda criminal que se dedicaba a despojar a transeúntes de sus celulares, y lo más indignante: habría usado su placa policial como arma de intimidación.
Los hechos habrían ocurrido en el asentamiento humano Vía Selva, donde dos jóvenes caminaban tranquilamente cuando fueron interceptados por el efectivo policial y su cómplice, quienes habrían descendido de una motocicleta para consumar el atraco.
¿La estrategia del uniformado? Mostrar su credencial oficial para generar terror en las víctimas y evitar cualquier tipo de resistencia. Un policía usando los símbolos del Estado para delinquir. ¿Puede haber algo más despreciable?
Las víctimas, atemorizadas al ver la placa de la PNP, habrían entregado sus teléfonos celulares sin poder reaccionar ante la presunta autoridad que representaba el delincuente uniformado.
Operativo policial logra captura tras valentía de víctimas al denunciar
La valentía de los jóvenes asaltados fue crucial para que este caso no quedara impune. Inmediatamente después del robo, las víctimas habrían acudido a reportar los hechos, proporcionando detalles precisos sobre las características físicas de sus agresores.
Un patrullero de la comisaría de Yaro Nacocha habría respondido al llamado de auxilio y, con la información suministrada por los afectados, habría iniciado un rastreo en la zona que culminó con la ubicación y captura de los sospechosos.
Pero la historia se pone aún más turbia. El acompañante del suboficial, un tal Paul Soto que se desempeñaría como técnico en enfermería, habría resultado tener una requisitoria vigente por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Es decir, un policía trabajando codo a codo con un prófugo de la justicia.
Defensa niega lo evidente mientras Fiscalía exige cárcel
A pesar de la claridad de los hechos y el testimonio de las víctimas, la defensa legal del suboficial Jack Diego habría salido a cuestionar las pruebas. Su argumento: el acta de intervención policial no sería un «elemento de convicción fuerte» para sustentar los cargos.
¿En serio? ¿Las víctimas se inventaron que un policía les mostró su placa antes de robarles? ¿La captura en flagrancia no cuenta como prueba?
El Ministerio Público, por su parte, habría solicitado nueve meses de prisión preventiva contra el uniformado, una medida que busca asegurar que no eluda el proceso judicial ni continúe delinquiendo mientras se desarrollan las investigaciones.
«Este elemento de convicción con este acta de intervención que ha señalado conforme es un elemento de convicción fuerte que vincula y que subsume a un tipo penal lo que postula la fiscalía. No es un elemento», habría declarado el abogado defensor en un intento desesperado por minimizar la evidencia, según reportó Latina.
Ambos detenidos permanecerían bajo custodia policial mientras el Poder Judicial evalúa el pedido fiscal y determina si procede o no la prisión preventiva solicitada.
¿Cuántos policías ladrones más andan sueltos?
Este caso destapa una realidad alarmante: hay efectivos policiales que han pervertido completamente su función y utilizan el poder que el Estado les otorga para victimizar a la población que deberían proteger.
¿Cuántos casos similares no se denuncian por miedo? ¿Cuántas personas han sido asaltadas por delincuentes con placa y nunca lo reportaron pensando que nadie les creería?
La crisis institucional de la Policía Nacional es innegable. Casos como este destruyen la poca credibilidad que aún podría quedarle a la institución y generan un clima de desconfianza ciudadana que tarda décadas en reconstruirse.
Mientras las autoridades debaten sobre elementos de convicción y tecnicismos legales, la ciudadanía de Ucayali se pregunta: ¿a quién llamamos cuando los que nos deben cuidar son los que nos roban?