Luis Magallanes volvería a trabajar pese a investigación fiscal por homicidio de Eduardo Ruiz Sanz
El general PNP Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), confirmó que el suboficial Luis Magallanes está próximo a reincorporarse a sus labores en la División de Investigación de Secuestros, pese a que realizó el disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante las movilizaciones del 15 de octubre cerca de la Plaza Francia.
La decisión genera cuestionamientos sobre un posible mensaje de impunidad en casos donde agentes policiales causan la muerte de civiles durante intervenciones.
El hecho confirmado por la PNP
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó oficialmente que el suboficial de tercera Luis Magallanes fue quien realizó el disparo que causó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido artísticamente como ‘T.rvco’, la noche del 15 de octubre en el marco de una intervención policial durante movilizaciones ciudadanas.
Pese a esta confirmación oficial, el general Marco Conde sostiene que el agente mantiene derecho a continuar trabajando mientras avanzan las investigaciones internas y fiscales.
«El efectivo está siendo sometido a una investigación policial y tiene todo el derecho a seguir trabajando. Es un trabajo que él tiene, él es policía. Continúa con este descanso hasta que se incorpore totalmente al servicio. Ya en estos días se debe estar incorporando», señaló el alto mando policial en declaraciones difundidas en medios nacionales.
El oficial precisó que Magallanes pertenece a la Dirección de Investigación Criminal y que seguirá «luchando contra la criminalidad organizada y la delincuencia común», pese a enfrentar un proceso administrativo disciplinario cuyos resultados se publicarían al finalizar las indagaciones internas.
Investigación fiscal por homicidio simple y tentativa
El Ministerio Público investiga al suboficial Luis Magallanes por el presunto delito de homicidio simple y, de manera alternativa, por homicidio culposo, tras causar la muerte de Eduardo Ruiz durante la intervención del 15 de octubre.
Recientemente, la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos abrió una nueva investigación contra el agente que ahora incluye el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra Renato Ríos, amigo del fallecido, quien resultó herido por disparo durante la misma protesta.
La pesquisa fiscal durará 70 días y dispuso que la División de Investigación de Homicidios de la PNP realice diligencias en un plazo de 30 días, incluida la declaración indagatoria de Ríos con apoyo de material audiovisual.
Presunción de inocencia vs. muerte confirmada
El general Conde se refirió al proceso administrativo disciplinario que la institución abrió contra Magallanes, señalando que los resultados se publicarán al finalizar las indagaciones internas y que durante este periodo deben mantenerse la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso.
Sin embargo, la decisión de reincorporar a un agente que causó la muerte de un ciudadano —hecho confirmado por el propio Comandante General de la PNP— a una unidad altamente especializada como la División de Investigación de Secuestros genera interrogantes sobre los protocolos institucionales y las condiciones emocionales y operativas necesarias para retomar funciones que requieren alto nivel de responsabilidad.
Cambios en mandos policiales tras el caso
A partir de la muerte del manifestante y la violenta represión de la protesta del 15 de octubre, el Ejecutivo dispuso cambios en la jefatura de la región policial de Lima, la Dirincri y la Dirección de Inteligencia de la PNP. Del mismo modo, ordenó la «retención de cargo» de varios oficiales generales por «necesidades del servicio», mientras se desarrolla un proceso sumario interno.
Versión del agente
Magallanes declaró en semanas anteriores en medios de comunicación que los manifestantes le lanzaron bombas molotov, que fue despojado de su arma y celular, y que una «turba gritó que lo mataran y quemaran». El agente también denunció haber recibido amenazas de muerte tras el incidente.
El caso continúa bajo investigación fiscal mientras la institución policial define los plazos exactos para la reincorporación del efectivo a sus funciones operativas, generando debate sobre si un agente que causó la muerte de un ciudadano debe retomar labores sin haber concluido el proceso judicial correspondiente.