Mientras un audio lo involucraría en cobro de US$ 80,000 por favores carcelarios, el Ministerio de Justicia diseña un plan de «transparencia» que excluye a los altos mandos
Un escándalo de proporciones sacude al sistema penitenciario peruano, pero la respuesta del Estado parece más una cortina de humo que una solución real. Iván Emilio Paredes Yataco, titular del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), permanecerá INTOCABLE por el plan de control de confianza que el Ministerio de Justicia (Minjus) acaba de anunciar con bombos y platillos.
¿La razón? Según la versión oficial, el polígrafo estaría reservado únicamente para el personal de «menor jerarquía» que tiene contacto directo con los reclusos. Los jefes, directores y funcionarios de alto rango —justo donde se cocinarían los grandes negocios turbios— quedarían blindados de cualquier evaluación de integridad.
La decisión llega en el peor momento posible para Paredes Yataco. Un audio comprometedor habría puesto al descubierto una presunta negociación de ochenta mil dólares para gestionar la libertad de Marcos Quispe Riveros, ex policía condenado por secuestro. La grabación revelaría una conversación con la esposa del interno, donde se le habría ofrecido acelerar beneficios penitenciarios a cambio de una jugosa suma de dinero.
La estrategia del Minjus: fiscalizar abajo, proteger arriba
Alberto Vega, vocero del Ministerio de Justicia, salió a dar la cara ante los medios y soltó una explicación que dejó más dudas que certezas. Según sus palabras en RPP, el plan de control con polígrafo arrancará en tres centros penitenciarios clave: Lurigancho, Castro Castro y Sarita Colonia, pero —atención— solamente para trabajadores penitenciarios que interactúan con los internos.
«En esta primera etapa está orientada la medida del polígrafo a los servidores penitenciarios vinculados a la interacción con internos«, declaró Vega, quien además dejó la puerta abierta con un tibio «uno no descarta que esto pueda tomar otro giro«.
Señores y señoras, ¿en serio esperan que nos traguemos este cuento? Mientras el sistema carcelario se hunde en denuncias de privilegios VIP, ingreso de celulares, extorsión desde las celdas y ahora presuntas coimas millonarias, resulta que el control de integridad aplicaría solo para los vigilantes y administrativos de menor rango. Los que REALMENTE toman decisiones quedarían cómodamente sentados en sus escritorios, sin pasar por ningún detector de mentiras.
Paredes se defiende: «Esa voz no es mía»
Acorralado por las acusaciones, Iván Paredes Yataco decidió salir al frente con su propia versión de los hechos. Negó rotundamente ser la persona que aparece en el audio y lanzó una teoría: los acontecimientos a los que haría referencia la grabación se remontarían al año 2018, época en la que ejercía como abogado privado, no como funcionario público.
Además, Paredes aseguró estar dispuesto a someterse a una pericia fonética que determine si la voz de la grabación le pertenece o no. Suena bien, ¿verdad? El problema es que una pericia fonética NO es lo mismo que un polígrafo. Una cosa es demostrar que una voz es tuya o no, y otra MUY distinta es someterte a un examen que evalúa la veracidad de tus respuestas bajo presión.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción avanza con su investigación, revisando el material probatorio y esperando que las diligencias arrojen más luz sobre el caso. Pero la pregunta sigue flotando en el aire: si Paredes dice estar limpio y dispuesto a colaborar, ¿por qué el Minjus no lo incluye en el plan del polígrafo desde el inicio?
INPE: un nido de privilegios y negocios turbios
Este escándalo NO es un caso aislado. El Instituto Nacional Penitenciario arrastra una reputación destrozada por años de denuncias que van desde lo ridículo hasta lo criminal. Teléfonos de última generación en celdas de máxima seguridad, camas king size para narcos poderosos, acceso a internet, delivery de comida gourmet y hasta fiestas privadas dentro de los penales.
Y ahora esto: un audio que involucraría al mismísimo jefe del INPE en una transacción millonaria para manipular la libertad de un recluso. Si esto se confirma, estaríamos hablando del colapso total de un sistema que debería rehabilitar, pero que en realidad estaría funcionando como una empresa de servicios «especiales» para quien pueda pagar.
La decisión del Minjus de excluir a los altos mandos del control de confianza manda un mensaje demoledor: hay intocables en el Estado peruano. Hay personas que, sin importar las acusaciones que pesen sobre ellas, permanecerán blindadas por el mismo aparato que supuestamente debe vigilarlas.
Esta boca no la calla nadie, señores y señoras: si el Estado REALMENTE quisiera limpiar el sistema penitenciario, empezaría por arriba, no por abajo. Porque los guardias de turno no deciden quién sale libre y quién se queda encerrado. Esas decisiones las toman los que están en las oficinas con aire acondicionado, y esos son precisamente los que el Minjus acaba de proteger.