Polígrafos obligatorios y sanciones express para acabar con la podredumbre policial
Una limpieza histórica sacude a la Policía Nacional del Perú. El Ministerio del Interior confirmó que 1.456 efectivos policiales fueron separados de sus cargos, y lo que más alarma es que 570 de ellos habrían caído por estar involucrados en actos de corrupción. ¿Ustedes se imaginan? Casi 600 malos elementos que vestían el uniforme verde olivo mientras presuntamente delinquían.
Vicente Tiburcio, ministro del Interior, fue contundente este lunes 1 de diciembre al anunciar que el Gobierno ya no esperará denuncias ciudadanas para actuar. La nueva estrategia busca detectar a los corruptos antes de que sigan haciendo daño desde adentro. «Buscamos activamente señales de corrupción», sentenció el titular del sector.
Las cifras son demoledoras: solo en 2024, la Inspectoría General habría aplicado más de 4.000 sanciones a oficiales y subalternos de todos los rangos. Esto demuestra que la podredumbre no discrimina grados ni jerarquías.
¿Quién vigila a los vigilantes?
La pregunta que muchos peruanos se hacen es legítima: si los policías son los que deben cuidarnos, ¿quién nos protege cuando ellos mismos son delincuentes? La desconfianza hacia la institución policial crece cada vez que sale a la luz un nuevo caso de efectivos involucrados en robos, extorsiones o hasta organizaciones criminales.
Especialistas en seguridad vienen advirtiendo desde hace años que la corrupción policial no es un problema de casos aislados. Al contrario, estaríamos hablando de redes organizadas que incluyen desde subalternos hasta oficiales de alta graduación que habrían convertido sus cargos en negocios ilícitos.
Polígrafos para todos: la nueva arma contra los corruptos
La estrategia del Mininter incluye medidas que muchos consideran drásticas pero necesarias. Desde ahora, tanto los policías en actividad como los postulantes a las escuelas de formación tendrán que pasar por pruebas de control y confiabilidad, incluido el famoso polígrafo o detector de mentiras.
La idea es clara: detectar a tiempo a quienes podrían convertirse en una amenaza antes de que el uniforme les dé poder para hacer daño. Según explicó Tiburcio, esta herramienta permitiría anticipar riesgos y frenar la corrupción donde más peligro representa.
Pero eso no es todo. El ministro también anunció una reorganización completa de las oficinas de disciplina en todo el país y la creación de una Oficina Especial de Procedimiento Sumarísimo en Lima, que tendría como misión sancionar de forma rápida las faltas graves.
La Inspectoría General cambió su forma de trabajar: ahora opera con inteligencia operativa, haciendo operativos sorpresa, vigilancia encubierta y coordinando con unidades especializadas para cazar a los malos policías.
Sanciones más duras: adiós a la impunidad
En noviembre se aprobó un Nuevo Reglamento del Régimen Disciplinario que pone las cosas más claras. Las faltas leves tienen criterios específicos, pero para los casos de corrupción, favores indebidos, filtración de información o abuso de autoridad, las sanciones se endurecieron al máximo: todas estas conductas se consideran faltas muy graves y significan pase automático al retiro.
También se creará la Oficina de Integridad Institucional, un ente que se encargaría de promover la transparencia, prevenir la corrupción y, algo muy importante, proteger a los policías honestos que se atrevan a denunciar a sus compañeros corruptos.
Para el ministro Tiburcio, esto no es solo una cuestión ética: «Es la base para garantizar seguridad, autoridad y gobernabilidad». Sin policías confiables, no hay Estado que funcione.
«Seremos duros y firmes»
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dejó en claro que la tolerancia cero será la nueva norma. Prometió respaldar a los buenos policías que honran el uniforme y advirtió que no permitirán que personas con intervenciones en flagrancia egresen de las escuelas de formación.
«Vamos a ser totalmente duros y firmes en la aplicación de la ley. La Inspectoría tiene implementado todo un plan para recuperar la confianza de la ciudadanía», declaró el general Arriola.
La crisis es innegable. Cada semana salen a la luz nuevos casos de policías involucrados en delitos que van desde el robo hasta la extorsión. La ciudadanía perdió la fe, y ahora el reto es demostrar con hechos que la institución puede limpiarse desde adentro.
Lo positivo es que al menos ahora estos delitos se investigan, los responsables son llevados ante la justicia y se están activando controles internos más estrictos. Es el único camino para tener una policía eficiente y honesta.
Generales retirados apoyan la medida
José Baella, general PNP en retiro, respaldó públicamente la decisión de sacar a los efectivos corruptos en un plazo máximo de 15 días. Para él, la medida es urgente y necesaria si se quiere erradicar la infiltración criminal que habría carcomido a la institución desde adentro.
Baella fue enfático: cualquier policía que sea sorprendido en flagrancia debe ser separado inmediatamente para evitar que siga operando con el poder que le da el uniforme y la placa.
Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, fue más allá y advirtió que muchos de estos casos no son delitos menores. Estaríamos hablando de policías involucrados en organizaciones criminales, actuando en grupo para cometer robos, secuestros, extorsiones e incluso homicidios.
«La participación de personal policial en hechos delincuenciales está aumentando», alertó Pérez Rocha, quien también criticó la lentitud del sistema disciplinario. Según él, antes el proceso era rápido: el policía que violaba la ley era apartado de inmediato y puesto a disposición del Poder Judicial. Esa falta de reacción rápida habría generado impunidad y reincidencia.
Caso que indigna: policías extorsionadores caen en Huacho
Un caso reciente demuestra hasta dónde puede llegar la corrupción policial. Este fin de semana, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura logró condenas contra dos suboficiales de la PNP y un abogado por detención ilegal, extorsión y falsificación de documentos.
Los suboficiales Andrés Malvaceda Victorio y Franko Vásquez Fuentes recibieron 6 años de prisión efectiva. El abogado Jacob Aguirre fue sentenciado a 3 años con pena suspendida. Los tres habrían montado un operativo criminal para extorsionar a una mujer que trabajaba en una óptica.
Según la acusación fiscal, la víctima reclamó a su empleador el pago de horas extra y fines de semana. En lugar de resolver el conflicto laboral, el jefe habría utilizado a los tres imputados para acusarla falsamente de robo y obligarla a subir a un patrullero sin ninguna denuncia formal de por medio.
Lo más grave vino después. En la comisaría de Seincri Huacho, los suboficiales habrían retenido ilegalmente a la mujer, falsificaron la firma del comisario en documentos oficiales y permitieron que el abogado redactara un falso contrato de préstamo por S/ 10.000. El tío de la víctima se vio obligado a firmar ese papel para que la liberaran.
Este tipo de casos son los que hacen que la gente pierda la fe en la policía. ¿Cómo confiar en quienes deberían protegernos cuando algunos de ellos presuntamente usan el uniforme para delinquir?