Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León reciben 17 años de cárcel por delitos de tortura y violación sexual agravada en La Libertad
Después de casi dos décadas de lucha legal, se concretó una sentencia histórica que condena a 17 años de prisión efectiva a tres miembros de la Policía Nacional. Los efectivos Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León fueron declarados culpables de los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada contra Azul Rojas, quien habría sido víctima de estos ataques durante su detención en 2008, en la ciudad de Trujillo.
El caso fue trabajado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, bajo la dirección de la fiscal adjunta provincial Ketty Garibay Mascco. Durante el proceso judicial, la representante del Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad penal de los tres acusados mediante la presentación de pruebas contundentes que evidenciaron la gravedad de los hechos.
Según lo establecido en el juicio oral, los tres policías habrían realizado una detención sin fundamento legal y, durante el tiempo que la víctima estuvo bajo su custodia, habrían ejercido violencia física, psicológica y sexual en su contra. La investigación reveló que estos actos habrían sido cometidos como método de presión, buscando obtener información de la víctima, quien se habría negado a proporcionarla.
El elemento más grave del caso radica en que los abusos habrían estado motivados por prejuicios discriminatorios hacia la orientación sexual e identidad de género de Azul Rojas. Esta circunstancia agravante fue considerada por el tribunal como un factor determinante para calificar los delitos con mayor severidad, reconociendo el componente de odio y discriminación en las acciones de los sentenciados.
La estrategia del Ministerio Público durante el proceso incluyó la presentación de testimonios, evaluaciones periciales y material probatorio que permitió al tribunal reconstruir los acontecimientos de manera detallada. Las evidencias demostraron que los tres efectivos actuaron de forma coordinada, aprovechando su posición de autoridad para vulnerar los derechos fundamentales de una persona en estado de indefensión absoluta.
Un largo camino hacia la justicia
El proceso judicial de este caso representa una de las luchas más prolongadas por justicia en materia de derechos humanos en el Perú. En el año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución ordenando que el Estado peruano procese y sancione a los responsables de las agresiones contra Azul Rojas. Sin embargo, el cumplimiento de esta orden internacional tomó cinco años adicionales, hasta que finalmente se llevó a cabo el juicio oral ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.
Durante todo este tiempo, la representación legal de la activista mantuvo su exigencia de reparación civil, fundamentando que los actos de violencia y tortura causaron daños irreparables tanto en el ámbito físico como emocional de la víctima. La organización Promsex, que ha acompañado el caso desde sus inicios, documentó que durante la agresión los efectivos habrían proferido insultos y ejercido castigos específicamente dirigidos a humillar a la víctima por su identidad de género.
La situación de Azul Rojas se habría complicado aún más debido a que, tras los hechos, habría tenido que vivir en clandestinidad por temor a represalias. Esta circunstancia le habría impedido acceder a los servicios de atención médica especializada y tratamiento psicológico que fueron ordenados como parte de las reparaciones dispuestas por la Corte Interamericana. Por esta razón, envió una comunicación directa a la fiscal de la Nación solicitando que se garantice el cumplimiento efectivo de todas las medidas de reparación establecidas en la sentencia internacional.
Este caso marca un precedente significativo en el sistema de justicia peruano respecto al procesamiento de crímenes de odio y violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado, evidenciando la importancia de los mecanismos internacionales de protección cuando los sistemas nacionales demoran en actuar.