Conductores de la ruta Ate-Callao temen por su seguridad mientras banda criminal exige cupos mensuales bajo advertencia de represalias
Los conductores de la empresa de transportes Carmen de la Punta, que opera la línea 71 A en la ruta Ate-Callao, mantienen suspendidas sus actividades desde el pasado viernes tras recibir mensajes de amenaza atribuidos a una organización criminal que se identifica como «Los Malditos de la Avenida Venezuela».
Según los mensajes recibidos por la empresa, el grupo criminal exige un pago de S/10,000 como «inscripción» inicial, además de una cuota mensual de S/10,000. El mensaje advierte que, de no recibir respuesta en un plazo de 24 horas, los chóferes serían los principales afectados por las represalias.
El contenido del mensaje señala textualmente: «Señores de la empresa ETCAPSA, les habla los Malditos de la Avenida Venezuela. Queremos el apoyo de su empresa con diez mil soles de inscripción y diez mil soles mensual. Caso contrario, de no tener respuesta de ustedes en el plazo de veinticuatro horas, chóferes serán los afectados. Ojo que en ruta nadie los cuida».
La paralización inició el viernes y se extendió durante el fin de semana. Consultados sobre la situación, varios conductores confirmaron su decisión de no presentarse al trabajo. «No voy al taller. Hay peligro», señaló uno de los chóferes. La medida ha impactado directamente en sus ingresos, considerando que trabajan con remuneración diaria.
«Trabajamos del día a día y el dinero también llega día a día. Si no trabaja, no come», explicó otro de los trabajadores afectados, describiendo la difícil situación económica que enfrentan ante la suspensión de actividades.
Clima de inseguridad durante todo el recorrido
Los conductores de la línea 71 A manifestaron que la preocupación no se limita al punto de partida en Ate, sino que se mantiene durante todo el trayecto hacia el Callao. Varios transportistas indicaron que el trabajo diario ahora implica un estado de alerta permanente.
«Cada moto que pasa, nos asustamos. Podemos perder nuestra vida. Ya no podemos trabajar tranquilos», manifestó uno de los chóferes. Los trabajadores señalaron que esta situación no solo los afecta a ellos, sino también representa un riesgo para los usuarios del servicio.
Respecto a la presencia de seguridad, los conductores reconocieron que existe vigilancia policial en la cochera ubicada en Ate. «Acá en la empresa, sí, los policías están permanentemente, están a cada rato, están dando la vuelta», indicó uno de ellos. Sin embargo, expresaron que la mayor vulnerabilidad se presenta durante el recorrido hasta el Callao.
Hasta el momento, la directiva de la empresa Carmen de la Punta no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso. Este martes, algunos conductores optaron por retomar parcialmente las operaciones, aunque el servicio se brinda con una flota reducida.
Impacto en el sistema de transporte metropolitano
La situación de la empresa Carmen de la Punta se enmarca en un contexto más amplio de afectación al transporte público en Lima. De acuerdo con información del sector, aproximadamente cinco mil unidades de transporte han dejado de operar en la capital debido a casos de extorsión, atentados y amenazas por parte de organizaciones criminales.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, analizó que esta problemática responde a factores estructurales del sector que se intensifican en el contexto actual. El impacto trasciende la paralización temporal de rutas y afecta la viabilidad del sistema de transporte formal.
«En el tema del Perú, más la problemática de ilegalidad, más la problemática de la extorsión, no creo que sea algo muy atractivo ser conductor profesional», señaló Ojeda, advirtiendo sobre una posible escasez de conductores profesionales.
El especialista proyectó dos escenarios ante la falta de conductores: «O no hay servicio porque alguien quiere respetar la norma de jornada, o lamentablemente, la ilegalidad va a ir más allá de la buena calidad del servicio. El sistema se va a depredar más».
Como medida de protección, algunos transportistas han optado por instalar placas de metal en sus unidades para reforzar la seguridad durante las jornadas laborales en las rutas consideradas de mayor riesgo.