Choferes trabajan con chaleco antibalas y encerrados en cabinas: inversión supera los S/3,000 por unidad mientras el Estado brilla por su ausencia
La empresa de transportes Vipusa (Virgen de la Puerta) de Chimbote ha implementado una medida extrema ante la escalada de violencia contra el sector: blindar sus unidades con placas metálicas de acero. Los conductores ahora laboran encerrados en cabinas protegidas y utilizando chalecos antibalas de manera obligatoria, en lo que representa una de las respuestas más drásticas del transporte público ante la ola criminal que azota al país.
El 70% de la flota de Vipusa ya estaría operando con este sistema de protección, que incluye placas de metal en cabinas, puertas y ventanas. La inversión oscilaría entre S/2,000 y S/3,000 por cada vehículo, un costo que las empresas asumen en solitario ante la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
«Lo que se está intentando es tomar prevención ante la ola de criminalidad que existe actualmente. Solo hacemos lo que podemos, lo que puede estar a nuestra mano, tratando de poner placas de metal en las puertas, ventanas, cabinas de conductores, como para protegernos de una u otra manera», explicó Luis, vocero de la empresa, durante un recorrido por las instalaciones en Hancón.
La medida se habría implementado hace aproximadamente seis meses, tiempo durante el cual los choferes han tenido que adaptarse a trabajar en condiciones más difíciles. Los conductores deben ingresar a cabinas cerradas con placas metálicas, lo que les exige mayor concentración y les genera incomodidad, especialmente ante la llegada de la temporada de calor.
«Tenemos que usar el chaleco por la inseguridad. Hay otro tipo de tela más fresca para el verano», comentó uno de los conductores que lleva un año y tres meses en la empresa. La necesidad de protección ha llegado al punto de que el equipo de seguridad personal se ha vuelto parte del uniforme diario de trabajo.
Sin embargo, la implementación de estas medidas de autoprotección ha generado un nuevo problema: las sanciones policiales. Los transportistas denuncian que estarían recibiendo infracciones por utilizar lunas polarizadas en los vehículos, una medida que consideran necesaria para su seguridad pero que viola las normas de tránsito.
«Sabemos que está prohibido polarizar las lunas o tenerlas de manera oscura, pero vivimos en una ola de criminalidad y de una u otra manera tenemos que protegernos. No lo hacemos por evadir las reglas de tránsito. Solo pedimos un poco de empatía a los efectivos policiales, ser un poco más tolerantes, porque estamos recibiendo quejas que los policías están interviniendo a nuestros conductores por esa falta», expresó Luis.
La inversión en blindaje no solo representa un desembolso inicial significativo, sino que también genera costos operativos adicionales. El peso extra de las placas metálicas incrementa el consumo de combustible y acelera el desgaste de los neumáticos, factores que elevan los costos de operación sin que exista ningún tipo de compensación o apoyo gubernamental.
Ante la pregunta sobre un posible incremento en las tarifas de pasaje, el vocero de Vipusa señaló que, por el momento, la empresa habría decidido no aumentar el precio para no afectar más a los usuarios. «Entendemos también la situación de la gente, del público usuario. Por el momento no sabemos si se va a llegar a incrementar el precio, pero tampoco se descarta más adelante», indicó.
El blindaje no se limita a la cabina del conductor. Progresivamente, la empresa estaría extendiendo la protección a las áreas donde viajan los pasajeros, instalando también lunas blindadas en el salón principal de los buses. Esta medida buscaría proteger no solo al personal, sino también a los usuarios del servicio.
Otras empresas del sector también estarían implementando medidas similares, aunque el costo del blindaje completo con lunas especiales sería considerablemente más alto. «Las lunas blindadas son demasiado costosas, pero lo que se optó como lo más principal es poner placas de acero para poder contrarrestar un poco el proyectil», explicó el representante de Vipusa.
Los transportistas cuestionan la sostenibilidad de esta situación a largo plazo. Mientras continúan pagando cupos de extorsión a bandas criminales, ahora deben añadir importantes sumas para blindarse, todo sin ningún respaldo del Estado. El pedido central es claro: exigen que las autoridades prioricen la seguridad ciudadana y demuestren empatía ante las medidas extremas que el sector se ve obligado a tomar para preservar su vida.
La empresa Vipusa opera la ruta A, que parte desde Hancón y se dirige hacia el Surador con Chalet, una de las principales vías de transporte urbano en Chimbote. Sus unidades, conocidas popularmente como los buses de la «Virgen de la Puerta», son ahora un símbolo de hasta dónde ha tenido que llegar el transporte público para sobrevivir en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.