La funcionaria con militancia en tres partidos políticos toma el control del sistema penitenciario tras el escándalo que sacudió al INPE
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tiene nueva dirección temporal. Shadia Valdez, viceministra de Justicia, fue designada para encabezar la institución mediante la Resolución Suprema n° 032-2026-JUS, luego de que Iván Paredes presentara su renuncia irrevocable en medio de graves denuncias que lo habrían vinculado con actos de corrupción.
El encargo de Valdez será transitorio, manteniéndose en el puesto solo hasta que el gobierno nombre a un titular definitivo. Paralelamente, continuará desempeñando sus funciones como viceministra de Justicia, cargo que ocupa desde mediados de noviembre del año pasado.
De regidora a viceministra: el recorrido político de Valdez
La trayectoria de Shadia Valdez en la política peruana ha sido marcada por su paso en diferentes agrupaciones. De acuerdo con el Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la abogada y politóloga militó primero en el Partido Popular Cristiano (PPC) durante dos años, del 2010 al 2012.
Luego saltó a Renovación Popular, donde permaneció cuatro años (2013-2017), periodo en el cual alcanzó un puesto como regidora provincial de Lima en 2015 cuando la agrupación aún se llamaba Solidaridad Nacional. Su tercera afiliación fue con Podemos Perú, partido del cuestionado José Luna, donde estuvo desde 2020 hasta 2025. Con esta agrupación intentó llegar al Congreso en 2021, sin conseguirlo.
Apenas el 12 de noviembre del 2025, Valdez dejó su función como asesora parlamentaria para ser nombrada viceministra de Justicia por decisión del polémico ministro José Jerí. Ahora, dos meses después, asume temporalmente la máxima responsabilidad del sistema penitenciario nacional.
El turbio final de gestión de Iván Paredes
La salida de Iván Paredes del INPE estuvo rodeada de polémica. El funcionario renunció el martes 20 de enero, precisamente el mismo día en que se frustró un intento de fuga masiva en el establecimiento penitenciario de Piura. Públicamente, Paredes argumentó que motivos de salud le impedían seguir en el cargo.
No obstante, según reveló un reportaje periodístico, Paredes habría coordinado la devolución de 80,000 soles que presuntamente habrían sido entregados como soborno para gestionar la liberación irregular de un expolicía con sentencia firme. El exjefe del INPE ha rechazado enfáticamente estas acusaciones.
Las denuncias contra Paredes no terminan ahí. De acuerdo con información periodística, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) le impuso una sanción económica superior a los 16,000 soles por prácticas irregulares en su desempeño profesional como abogado privado. Los cargos incluyen no emitir comprobantes de pago, incumplir con presentar una denuncia penal acordada con un cliente, y no reembolsar 3,500 dólares en 2021.
Adicionalmente, según se reportó, Paredes habría autorizado la contratación de jóvenes sin formación académica verificable ni trayectoria en el sector público, después de recibirlos personalmente en su oficina institucional.
Con este nombramiento de emergencia, el Ministerio de Justicia intenta evitar un vacío de poder en el INPE mientras el escándalo de corrupción sigue desarrollándose y se busca un reemplazo permanente para uno de los cargos más sensibles del sistema de justicia peruano.