Una requisa de rutina destapó lo que el propio penal negaba: los expresidentes del Perú no viven como presos comunes, y el sistema lo habría estado encubriendo
El tema explota en redes y no para de crecer: una requisa ejecutada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Barbadillo encontró electrodomésticos y equipos electrónicos de uso personal dentro de los ambientes donde cumplen reclusión Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Lo que hace aún más grave el hallazgo es que semanas atrás el propio penal había reportado que no existían objetos prohibidos en sus instalaciones. Alguien mintió.
Lo que encontraron adentro no deja lugar a interpretaciones. En el espacio asignado a Pedro Castillo había un televisor, una refrigeradora, una radio y una máquina para hacer ejercicios. No es la celda de un recluso, es el cuarto de alguien que vive cómodo mientras enfrenta la justicia. Durante la intervención, Castillo le habría preguntado a un agente del INPE si ya habían inspeccionado el ambiente de Martín Vizcarra, un detalle que no pasa desapercibido.
En el área de Vizcarra aparecieron una radio y una refrigeradora. En el espacio de Humala, un microondas. Cada uno con sus comodidades, cada uno con lo que ningún interno ordinario de este país tiene derecho a tener.
La norma existe, pero no se aplica para ellos
El Reglamento General de Seguridad del INPE es claro: los equipos electrónicos solo pueden ingresar a un establecimiento penitenciario con autorización expresa del Consejo Técnico Penitenciario, y su uso debe ser colectivo, nunca individual. En Barbadillo, cada expresidente tendría sus propios artefactos en su propio ambiente. El INPE solicitó el acta de autorización correspondiente para determinar si el ingreso de estos objetos fue legal o si simplemente alguien cerró los ojos y dejó pasar.
Este tipo de condiciones no existen en los penales donde vive la gente común de este país. No en Lurigancho, no en Castro Castro, no en ninguno de los establecimientos donde el hacinamiento y la precariedad son la norma. Barbadillo opera como si sus reglas fueran otras, como si la ley tuviera excepciones según el apellido del interno.
La imagen que lo dice todo: las cámaras estaban apagadas
Pero hay un dato que supera a todos los demás. Durante la requisa, el sistema de cámaras de seguridad del penal no estaba funcionando. Las cámaras que deberían registrar todo lo que ocurre dentro de Barbadillo estaban inoperativas justo en el momento de la intervención. Este hecho quedó consignado en el informe oficial y representa una vulneración directa de los protocolos de seguridad penitenciaria. La pregunta que nadie del INPE ha respondido todavía es una sola: ¿desde cuándo estaban apagadas?
El INPE reacciona, tarde
Frente a la indignación que generaron los hallazgos, el Instituto Nacional Penitenciario anunció una verificación exhaustiva y una auditoría del sistema de control interno de Barbadillo. La entidad señaló que determinará si los equipos electrónicos ingresaron con autorización o de forma irregular, y que establecerá responsabilidades por la falla en el sistema de videovigilancia. Medidas que llegan después de que la información ya era pública, ya era tendencia, ya era indignación.