Sindicato de trabajadores penitenciarios acusa al mandatario de romper todos los protocolos durante una incursión nocturna con fines mediáticos
Una denuncia penal sacude Palacio de Gobierno. El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE-INPE) decidió llevar al presidente interino José Jerí ante el Ministerio Público por una intervención que habría violado todas las normas de seguridad del sistema penitenciario peruano.
La madrugada del viernes 23 de enero quedará marcada en la historia del establecimiento penitenciario Ancón I. No por un operativo exitoso, sino por lo que los trabajadores califican como un «show mediático» que puso en riesgo la seguridad de todo el recinto.
Según la denuncia formal presentada por el gremio, el presidente Jerí habría llegado acompañado de una comitiva de aproximadamente 50 personas entre asesores, personal de comunicaciones y equipo de prensa. Lo grave: ninguno de ellos se habría sometido al control biométrico obligatorio que rige para cualquier persona que ingresa a un centro penitenciario.
La ley que nadie respetó
El técnico penitenciario Julio Lurita Tarazona fue contundente en su testimonio: la comitiva presidencial habría ingresado con teléfonos celulares y armas de fuego, violando directamente la Ley 29867. Esta normativa es clara: introducir equipos de comunicación a un penal constituye delito, y si lo hace un funcionario público, la pena puede alcanzar hasta ocho años de prisión.
La denuncia no se detiene ahí. El documento que ya reposa en manos del fiscal contempla cuatro delitos: abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, ingreso indebido de equipos de comunicación y exposición de personas a peligro común.
Julio Burga, secretario general del sindicato, reveló detalles que encienden las alarmas: la presencia de personal armado sin protocolo y el caos generado por la irrupción nocturna habrían estado a punto de desencadenar un motín en los pabellones del penal.
El operativo que nunca fue
Aquí viene lo que convierte esta historia en un verdadero fiasco institucional. Todo el despliegue, las tanquetas, las tropas, las cámaras de televisión… todo habría sido montado para una captura que jamás ocurrió.
El objetivo: mostrar ante la opinión pública la detención o exhibición de un peligroso extorsionador. El problema: ese interno ya no se encontraba en Ancón I. Las autoridades lo habrían trasladado días antes al penal de máxima seguridad de Challapalca, en Puno.
Este «error» no fue considerado un simple descuido por el sindicato. La denuncia también señala al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y al general Víctor Revoredo como responsables de presuntamente proporcionar información errónea al presidente de la República.
¿Un montaje con agenda oculta?
Para los trabajadores del INPE, esta no sería una acción aislada. Detrás de estos operativos mediáticos existiría una estrategia política clara: desprestigiar al Instituto Nacional Penitenciario y a sus funcionarios de carrera para allanar el camino a una nueva entidad.
El sindicato apunta directamente a la proyectada creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), una institución que reemplazaría al INPE actual. Los trabajadores denuncian que esto permitiría al Gobierno colocar personal de confianza en puestos clave, desplazando a profesionales con años de experiencia.
«Esto es un negociazo político, señores», señalan desde el gremio, que ve en estas acciones un patrón destinado a justificar cambios estructurales que beneficiarían intereses particulares.
El mensaje desde las trincheras penitenciarias
Las palabras del técnico Lurita resuenan con dureza: «Deje su circo, señor Jerí. Respete al INPE para que lo respeten». Una frase que resume la frustración de cientos de trabajadores que sienten que su labor profesional está siendo utilizada como escenario para performances políticas.
El cuestionamiento va más allá de lo simbólico. Los trabajadores ponen números sobre la mesa: el costo de movilizar efectivos policiales, tanquetas blindadas y todo un aparato logístico para operativos que no tendrían resultados concretos en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Ahora la pelota está en la cancha del Ministerio Público. La denuncia ya fue admitida y comenzará el proceso de investigación. Mientras tanto, desde el SINTPE-INPE advierten que no permitirán que su institución sea convertida en un set de televisión para ganar puntos políticos.
La pregunta que queda flotando: ¿prevalecerá la ley por encima del poder? El tiempo y la fiscalía tendrán la última palabra.