Fiscalización descubre infraestructura tecnológica ilegal instalada en inmuebles vecinos al establecimiento penitenciario del Callao
La Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejecutó un operativo de fiscalización en la zona perimetral del establecimiento penitenciario Sarita Colonia, ubicado en el Callao, donde identificó la existencia de equipamiento radioeléctrico no autorizado que habría estado proporcionando conectividad inalámbrica hacia el interior del recinto.
La intervención forma parte de las acciones de verificación del cumplimiento del Decreto Legislativo n.° 1688, norma que establece restricciones al uso de señales de telecomunicaciones en centros penitenciarios del país. El operativo reveló que, pese a la implementación de sistemas de bloqueo de señal al interior del penal, existiría una estrategia externa para mantener la conectividad.
Características técnicas del equipamiento intervenido
Según el informe técnico de la DGFSC, en un inmueble ubicado en las inmediaciones del penal se detectó la presencia de seis dispositivos de transmisión inalámbrica: tres antenas tipo sectorial y tres antenas direccionales. El análisis preliminar indica que estos equipos no estaban instalados de manera casual, sino que presentaban una configuración específica con orientación directa hacia las instalaciones penitenciarias.
La infraestructura identificada habría estado diseñada para transmitir señal de internet de banda ancha, eludiendo las restricciones impuestas por los bloqueadores de frecuencia instalados en el establecimiento penitenciario. Los dispositivos habrían permitido el acceso a servicios de conectividad que, según las autoridades, podrían haber sido utilizados para actividades no autorizadas desde el interior del recinto.
El MTC señala que este tipo de instalaciones representa una vulnerabilidad en el sistema de seguridad penitenciaria, ya que el control radioeléctrico no se limita únicamente al espacio físico interno del penal, sino que requiere vigilancia sobre el espectro electromagnético en las zonas aledañas. La entidad técnica enfatiza que el problema de la conectividad ilícita en penales tiene un componente externo significativo que debe ser abordado.
Alcance de la fiscalización y estado de los bloqueadores
El operativo en el Callao no fue un caso aislado. La DGFSC también realizó mediciones técnicas en el Anexo Mujeres Chorrillos (anteriormente conocido como Santa Mónica) para evaluar el funcionamiento de los sistemas de bloqueo de señal instalados en ese centro penitenciario. Estas acciones buscan determinar la efectividad real de los equipos inhibidores de frecuencia que el Estado ha implementado.
El viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, manifestó que estas fiscalizaciones forman parte de una estrategia integral para garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas en el Decreto Legislativo n.° 1688. Sin embargo, la detección de esta red clandestina evidencia que existen métodos para evadir las medidas de control actuales mediante infraestructura instalada en propiedades privadas fuera del perímetro penitenciario.
Actualmente, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de la instalación y operación de estos equipos no autorizados. Las autoridades buscan determinar si existe una organización estructurada detrás de este tipo de servicios de conectividad ilegal.
Situación nacional de los sistemas de bloqueo
A nivel nacional, el panorama de los sistemas de inhibición de señal en establecimientos penitenciarios presenta importantes deficiencias. De los 69 penales que conforman el sistema penitenciario peruano, únicamente 30 cuentan con bloqueadores de señal en estado operativo, según información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Uno de los casos más representativos de esta problemática es el establecimiento penitenciario de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, departamento de Tacna, a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar. Este recinto, clasificado como de máxima seguridad y destinado para internos considerados de alta peligrosidad, no dispone de bloqueadores de señal operativos, según reconoció el jefe del INPE en declaraciones realizadas en octubre del año anterior.
La entidad penitenciaria ha señalado en diversas oportunidades que el presupuesto institucional se destina prioritariamente a cubrir necesidades operativas básicas, quedando el mantenimiento y renovación de equipamiento tecnológico, incluidos los bloqueadores de señal, relegado a un segundo plano por limitaciones presupuestales.
Contexto de la medida y perspectivas
La fiscalización se desarrolla en un contexto en el que el país mantiene vigente el Estado de Emergencia en diversos sectores, con énfasis en medidas orientadas a combatir la criminalidad organizada. Las autoridades han identificado que una de las modalidades delictivas que persisten es la dirección de actividades ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios, facilitada por el acceso no autorizado a medios de comunicación.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha señalado que continuará realizando fiscalizaciones periódicas tanto en las instalaciones penitenciarias como en sus zonas de influencia para detectar posibles vulnerabilidades en el control del espectro radioeléctrico. La entidad gubernamental también ha manifestado que coordina con otras instituciones del Estado para fortalecer los mecanismos de supervisión y control.
Las investigaciones en curso buscarán establecer si existen otras ubicaciones con infraestructura similar en diferentes establecimientos penitenciarios del país, así como identificar las redes de suministro y operación de estos servicios clandestinos de conectividad. Los resultados de estas pesquisas podrían derivar en modificaciones a los protocolos de seguridad perimetral de los penales y en la implementación de nuevas medidas de control del espectro radioeléctrico en zonas sensibles.