Resolución Suprema oficializa el nombramiento en medio de la crisis penitenciaria que sacude al país
El gobierno de José María Balcázar Zelada oficializó este lunes 9 de marzo de 2026 la designación de Jorge Henry Cotos Ochoa como el nuevo Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mediante la Resolución Suprema N° 054-2026-JUS publicada en el diario oficial El Peruano.
La designación fue refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, y se produce en un contexto crítico para el sistema penitenciario nacional, que enfrenta graves problemas de hacinamiento, corrupción interna y deficiencias en la rehabilitación de internos.
Según el documento oficial, la decisión se fundamenta en la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1328, que fortaleció el Sistema Penitenciario Nacional y el INPE. El artículo 137 del Decreto Legislativo N° 654, Código de Ejecución Penal, establece que el INPE está dirigido por el Consejo Nacional Penitenciario, conformado por tres miembros especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios.
La Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo establece que los capítulos I, II, IV, V y VI del Título II entran en vigencia una vez que se apruebe el reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional Penitenciario.
El nombramiento de Cotos Ochoa se realizó mediante un proceso donde se encontraba vacante el puesto de Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, según consta en los documentos oficiales presentados por la Secretaría General, la Oficina de Procesos Técnicos de Personal y la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia.
La designación se da en cumplimiento de la Ley N° 29158 (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo), la Ley N° 27594 (Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos), el Decreto Legislativo N° 1098 (que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización – SUNIR), y el Decreto Legislativo N° 1710 (que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización – SUNIR como ente rector del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social).
Además, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Decreto Legislativo N° 654 aprueba el Código de Ejecución Penal, normativa que regula las funciones del nuevo funcionario designado.
La Primera Disposición Complementaria Final del precitado Decreto Legislativo aprueba la fusión por absorción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) a la SUNIR, siendo esta última entidad absorbente.
Ahora, señores y señoras, el reto de Jorge Henry Cotos Ochoa será mayúsculo: garantizar la continuidad en la gestión de una institución que enfrenta uno de sus momentos más críticos, con sobrepoblación carcelaria, denuncias de maltratos, corrupción de funcionarios y deficiencias estructurales que claman por una reforma urgente.
¿Estará a la altura del desafío? ¿O será uno más en la larga lista de funcionarios que pasan sin pena ni gloria por el sistema penitenciario peruano? El tiempo y los hechos lo dirán.