Seis efectivos bajo las órdenes del coronel Montúfar enfrentarían justicia por presunto cohecho
Tras nueve meses de investigación, la justicia peruana dictó 18 meses de prisión preventiva contra seis efectivos policiales de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y una civil, acusados del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. La medida, solicitada por la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, es el resultado de una exhaustiva investigación que comenzó en marzo de 2025 y que pone nuevamente en el ojo público a una de las unidades más emblemáticas de la Policía Nacional del Perú.
Los detenidos son el teniente Luis Juárez y los suboficiales Ricardo Hernani, Larry Tarazona, Brandon Marchenna, Luis López y Cristhian Huayanay, junto a María Gabriel, identificada como coimputada civil en este proceso. Todos ellos habrían solicitado la suma de S/ 30,000 para no proceder con la detención de personas involucradas en delitos de estafa cibernética en el distrito de San Miguel.
NUEVE MESES DE INVESTIGACIÓN SILENCIOSA
Según las investigaciones del Ministerio Público, el hecho que desencadenó todo ocurrió el 21 de marzo de 2025, cuando los efectivos de la DIRINCRI realizaron una intervención contra una banda de estafa cibernética en San Miguel. Sin embargo, en lugar de cumplir con su deber, los policías habrían exigido S/ 30,000 para no detener a los responsables.
Lo que estos oficiales no sabían es que su víctima denunciaría el hecho ante la Fiscalía Anticorrupción. Durante nueve meses, el Ministerio Público construyó meticulosamente el caso, reuniendo pruebas bancarias, testimonios y evidencias que demostrarían cómo habrían recibido S/ 15,000 a través de una cuenta bancaria a nombre de María Elena Gabriel Chauca, la civil coimputada que habría facilitado su cuenta para cometer el delito.
El fiscal adjunto provincial Agustín Chuquipul Vidal, quien lideró la investigación desde marzo, confirmó: «Según la investigación, los efectivos policiales han recibido la suma de 15 mil nuevos soles en este caso, a través de una diligencia que se ha realizado el 21 de marzo».
LA INTERVENCIÓN PLANIFICADA DE LA DIRCOCOR
Después de nueve meses de investigación silenciosa, la detención de los efectivos se produjo el 11 de diciembre de 2025 tras un operativo meticulosamente planificado y coordinado entre el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Lima y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR).
El allanamiento, autorizado por orden judicial, se realizó en la madrugada en las propias instalaciones de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima. La fiscalía había reunido suficientes pruebas durante la investigación para solicitar y obtener la orden de allanamiento y detención.
Las diligencias se extendieron por aproximadamente siete horas e incluyeron la toma de declaraciones y el levantamiento de evidencias relacionadas con el presunto delito. Los detenidos fueron posteriormente trasladados a la sede de la DIRCOCOR, donde permanecieron mientras continuaba la investigación.
EL CORONEL MONTÚFAR: ROSTRO DE LA CONTROVERSIA
Un elemento que agrega mayor gravedad al caso es que estos efectivos estarían bajo las órdenes del coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI, quien se ha convertido en el rostro visible de la lucha contra el crimen en Lima. Montúfar es conocido públicamente por liderar operativos de alto perfil contra la delincuencia.
Sin embargo, el coronel ya enfrenta sus propias acusaciones. En noviembre de 2024, el empresario inmobiliario José Antonio Muchaipiña lo denunció junto a ocho agentes más por presuntamente haber sustraído medio millón de soles en efectivo de su vivienda durante un operativo en Huacho. Montúfar negó las acusaciones y aseguró someterse «a cualquier investigación exhaustiva», mientras que el Ministerio del Interior defendió su gestión alegando que se trataría de represalias por su trabajo policial.
PEDIDO DE SANCIONES EJEMPLARES
El general Enrique Felipe Monrroy, jefe de la Región Policial Lima, solicitó que se impongan sanciones ejemplares contra los agentes detenidos. «Lo que sí puedo ratificar es el compromiso de la Policía Nacional en que estos hechos aislados no queden impunes, que se establezcan las responsabilidades que tengan que hacerse», declaró el alto mando.
Monrroy explicó que su comando participó en el operativo brindando seguridad a través del Escuadrón de Emergencia y la UCE, y enfatizó que la DIRCOCOR tiene la responsabilidad de informar sobre los resultados de la investigación.
LA CRISIS DE CORRUPCIÓN EN LA PNP
Este escándalo se suma a una serie de casos que han sacudido a la institución policial en los últimos meses. Según datos oficiales, en lo que va del 2025, al menos 570 policías han sido relacionados en actos de corrupción. La Dirección contra la Corrupción ha realizado 21 operativos, atrapando a 270 policías implicados en delitos, además de 950 funcionarios, siete fiscales y 15 alcaldes en ejercicio con prisión preventiva.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reaccionó ante el caso señalando: «Esos malos elementos policiales no deben estar en la institución. Nosotros reafirmamos como Gobierno que ya no hay más espacios para esos policías que están pasando a la otra vereda».
LA AUDIENCIA QUE SELLÓ SU DESTINO
La audiencia de prisión preventiva presentó elementos indiciarios sobre la posible participación de los investigados en la solicitud del soborno. La acusación formal de cohecho pasivo propio se encuentra sustentada en pruebas recopiladas durante las pesquisas, entre ellas registros bancarios y testimonios obtenidos por el Ministerio Público.
Los seis policías y la civil enfrentarán ahora 18 meses de prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. Esta medida busca garantizar el normal desarrollo de las investigaciones y evitar posibles actos de obstrucción.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
- 21 de marzo de 2025: Policías de DIRINCRI habrían pedido S/30,000 y recibido S/15,000 para no detener a banda de estafa cibernética en San Miguel. Denuncia ante Fiscalía Anticorrupción.
- Marzo – Diciembre 2025: NUEVE MESES de investigación silenciosa. Fiscalía reúne pruebas bancarias, testimonios y evidencias.
- Noviembre 2024: Denuncia contra el coronel Montúfar por presunto robo de S/ 500,000 en Huacho (caso aparte).
- 11 de diciembre de 2025: DIRCOCOR ejecuta operativo planificado con orden judicial. Allanamiento y detención de los seis policías y una civil en sede de DIRINCRI.
- 24 de diciembre de 2025: Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra los siete investigados tras audiencia.
Este caso representa uno de los golpes más duros para la División de Robos de la DIRINCRI en el último año, poniendo en entredicho la confianza ciudadana en una de las unidades especializadas más importantes en la lucha contra la criminalidad en Lima.
La investigación continúa bajo la conducción de la fiscal provincial Norah Córdova Alcántara y el fiscal adjunto Agustín Chuquipul Vidal, quienes deberán determinar las responsabilidades finales en este escándalo que sacude a la Policía Nacional del Perú.