La expremier procesada por golpe de Estado se refugió en embajada mexicana cuando enfrentaba orden de captura y 25 años de prisión
La expremier Betssy Chávez Chino, procesada por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, habría solicitado asilo político en la residencia de la Embajada de México, ubicada en San Isidro, según confirmó el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa este lunes 3 de noviembre.
El anuncio se produjo cuando el juicio en su contra ante la Corte Suprema entraba en su etapa final, donde el Ministerio Público solicita 25 años de cárcel. La Sala Penal Especial había advertido que, de no presentarse este martes 4 de noviembre, se ordenaría su ubicación y captura inmediata.
Ruptura de relaciones diplomáticas
Ante esta situación, el gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México, calificando el asilo como un «acto inamistoso». El canciller De Zela señaló que tanto el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como su sucesora Claudia Sheinbaum habría «intervenido en reiteradas ocasiones» en los asuntos internos del Perú.
«Hoy hemos conocido, con sorpresa y con profundo pesar, que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú», expresó De Zela.
Fuentes gubernamentales indicaron que fue recién este lunes que conocieron sobre la situación de Chávez. La entrega del salvoconducto estaría «en evaluación aún».
Antecedentes con México
Esta no sería la primera vez que se presentan tensiones diplomáticas con México por casos relacionados al golpe de Estado de Pedro Castillo. En diciembre de 2022, el entonces presidente mexicano AMLO concedió asilo político a Lilia Paredes, esposa de Castillo, y a sus hijos.
Ese hecho provocó que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, fuera declarado persona non grata y se le dieran 72 horas para abandonar el país el 20 de diciembre de 2022.
El canciller De Zela señaló que el gobierno mexicano habría «pretendido construir una realidad paralela» tras los hechos del 7 de diciembre de 2022, difundiendo una versión «tendenciosa e ideologizada» sobre el intento de golpe.
«Han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países, con la única y solitaria excepción de México», indicó el funcionario.
Relaciones consulares se mantienen
De Zela precisó que se rompen las relaciones diplomáticas, más no las consulares. Esto significa que los ciudadanos peruanos en México y los ciudadanos mexicanos en Perú podrán continuar recibiendo asistencia y protección consular.
Karla Ornela, encargada de la embajada de México en Perú, fue informada por el canciller que tiene un «plazo perentorio» para abandonar territorio peruano, según confirmó el presidente José Jerí.
En un comunicado oficial, la Cancillería indicó que la embajada mexicana en Lima ya había informado «que su gobierno ha concedido asilo diplomático» y que se procederá conforme a las normas internacionales, específicamente la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo.
Las ausencias de Chávez en el juicio
La última vez que Betssy Chávez se presentó en las audiencias por el Caso golpe de Estado fue el 21 de octubre, cuando se conectó virtualmente alegando problemas de salud. Su abogado presentó un descanso médico que fue cuestionado por la sala.
Posteriormente, no se presentó a las audiencias del 28, 30 y 31 de octubre. En esta última sesión, la Sala Penal Especial anunció que sería declarada reo contumaz si no acudía a la siguiente audiencia, programada para este martes 4.
A partir de esta semana, el juicio entraba en su recta final, pues estaba previsto que el Ministerio Público sustente sus alegatos finales contra los siete acusados por el delito de rebelión.
El proceso judicial
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema procesa desde marzo pasado a Betssy Chávez como presunta coautora del delito de rebelión. El Ministerio Público pidió 25 años de prisión en su contra, mientras que para Pedro Castillo solicitó 34 años de cárcel.
A inicios de septiembre, el Tribunal Constitucional dispuso su excarcelación del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumplía prisión preventiva, al advertir negligencias de la fiscalía y el Poder Judicial en el trámite de la prolongación de esta medida coercitiva.
¿Se le puede negar el salvoconducto?
El excanciller Javier González-Olaechea señaló que el artículo III de la Convención Sobre Asilo Diplomático —conocida como la convención de Caracas de 1954— establece que «no es lícito» conceder asilo a personas que al solicitarlo se encuentren procesadas, como sería el caso de Chávez.
«El gobierno peruano perfectamente, creo que sería recomendable para que no se consolide la impunidad en el Perú, que le niegue el salvoconducto», expresó en diálogo con medios nacionales. Agregó que sin el documento no habría posibilidad «ni jurídica ni física de que pueda abandonar el país».
González-Olaechea también reveló que hace más de un año, durante su gestión, el gobierno mexicano le habría solicitado la entrega del expresidente Pedro Castillo.
Por su parte, el embajador en retiro, Carlos Pareja, explicó que, una vez recibida la nota diplomática, el gobierno debe estudiar si otorga el salvoconducto o no, aunque también indicó que podría demorar el trámite.
«Recordemos que Haya de la Torre estuvo cinco años en la embajada de Colombia, y no se le otorgó el salvoconducto. También se puede demorar. Son situaciones que se pueden dar», comentó Pareja, quien cuestionó que el sistema judicial haya dejado en libertad a una persona implicada en un intento de quiebre constitucional.
El excanciller Luis Gonzales Posada consideró que se trata de «la crónica de un asilo anunciado», pues desde que se revocó la prisión de Chávez se comentaba la posibilidad de que se asilara en una embajada.
En su opinión, una vez solicitado el asilo político, se tendría que conceder el salvoconducto correspondiente, conforme a la Convención de Caracas de 1954. «Lo que puede hacer es demorar, pero que tiene que otorgar, tiene que otorgarse», expresó.