El exmandatario enfrentaría restricciones y no podría salir del país mientras dure el proceso por presuntos sobornos en Moquegua
Tras dos días de intensa audiencia, el juez Víctor Alcocer rechazó el pedido de seis meses de prisión preventiva solicitado por el fiscal Germán Juárez Atoche contra el expresidente Martín Vizcarra. El exmandatario habría estado acusado de presuntamente recibir sobornos cuando fue gobernador de Moquegua por parte de empresas vinculadas al Club de la Construcción.
Las empresas habrían buscado resultar beneficiadas con los proyectos Irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Sin embargo, la decisión del magistrado no libró completamente a Vizcarra de las medidas restrictivas.
El expresidente tendrá que enfrentar una comparecencia con restricciones y un impedimento de salida del país. Esto significa que durante todo el proceso judicial, Vizcarra deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y tendrá limitaciones en su libertad de tránsito. Además, no podrá abandonar territorio peruano mientras continúen las investigaciones en su contra.
Revelaciones durante la audiencia generaron controversia
Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Juárez Atoche reveló información que habría comprometido la defensa de Vizcarra. Señaló que la empresa Urbaniza 3D SAC, presentada como arraigo laboral del expresidente, tendría como gerenta general a Mónica Díaz Cabello, esposa de Vizcarra.
Asimismo, como representante legal figuraría una extrabajadora del estudio de su abogado defensor. La defensa del exmandatario no habría negado esta información y, al ser cuestionado por el juez, habría agregado que la esposa y dos hijas de Vizcarra serían «accionistas» de la empresa.
Desde la Fiscalía sostuvieron que existiría peligro de fuga, basándose en imágenes donde se vería al expresidente desplazándose por un terminal terrestre sin el resguardo de seguridad del Estado que habitualmente tendría un exmandatario.
Vizcarra cuestiona a la Fiscalía y denuncia «reglaje»
Durante sus alegatos, el expresidente habría usado la oportunidad para cuestionar el trabajo de la Fiscalía, considerando que se habría dilatado innecesariamente el proceso. «La ineficiencia de una institución se va a corregir con la prisión de un ciudadano, eso sería algo insólito», habría sostenido Vizcarra.
Ante las revelaciones del fiscal Juárez Atoche sobre las empresas familiares, Vizcarra habría indicado que todas las empresas «son familiares» y denunció que le estarían haciendo «reglaje», sugiriendo que habría una persecución en su contra.
Fiscalía apela la decisión judicial
Inmediatamente después de conocer la decisión del Poder Judicial, el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, apeló contra el fallo que declaró infundado el pedido de prisión preventiva. La apelación buscaría revertir la decisión y que se ordenen los seis meses de prisión preventiva para el expresidente por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
El caso continuará su curso en segunda instancia, mientras Vizcarra deberá cumplir con las restricciones impuestas por el juez Alcocer.
