La Junta Nacional de Justicia acudiría a la máxima instancia constitucional argumentando invasión de competencias en dos casos sensibles
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), bajo la presidencia de Gino Ríos, habría elevado una demanda competencial al Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial, alegando que este último estaría invadiendo sus atribuciones constitucionales. Esta acción legal involucraría dos frentes: el caso de la fiscal suspendida Delia Espinoza y la demanda del Instituto de Defensa Legal (IDL) sobre irregularidades en la elección de los actuales miembros de la JNJ.
DOS FRENTES EN UNA SOLA DEMANDA
PRIMER FRENTE: EL CASO DELIA ESPINOZA
Ocho días después de que el Noveno Juzgado Constitucional ordenara la suspensión de todos los procesos disciplinarios contra Delia Espinoza Valenzuela y su reincorporación al cargo de Fiscal de la Nación, la JNJ habría respondido con esta acción legal ante el TC.
Según el documento difundido por el periodista Diego Casimiro, la institución argumentaría que:
- No habría sido «notificada debida y formalmente» de la resolución judicial
- Habría tomado conocimiento solo a través de medios de comunicación
- El plazo de dos días otorgado para ejecutar la reposición constituiría «una extralimitación de las competencias» del Poder Judicial
- Se estaría produciendo «una ruptura del principio de congruencia procesal»
La demanda advertiría que una medida cautelar adoptada por la JNJ en un procedimiento disciplinario de máxima importancia «estaría en riesgo de terminar siendo desconocida» por decisión judicial.
SEGUNDO FRENTE: LA DEMANDA DEL IDL
En febrero de 2025, el Instituto de Defensa Legal junto con dos ciudadanas presentaron una acción de amparo solicitando dejar sin efecto la elección de los actuales miembros de la JNJ, argumentando presuntas irregularidades en el proceso de selección.
La abogada Cruz Silva, del IDL, había señalado en septiembre que «desde el inicio no se compartió documentación, herramientas y protocolos» que pudieran prevenir conflictos de interés o verificar la sustentación de méritos académicos.
Ante esta situación, la JNJ argumentaría ante el TC que:
- Si el Poder Judicial aprobara una medida cautelar favorable al IDL, la institución quedaría impedida de continuar tramitando procesos de selección y ratificación
- Los expedientes disciplinarios a su cargo se paralizarían
- Se produciría «un perjuicio grave sobre el funcionamiento del Sistema de Justicia»
- Aunque el PJ tiene competencia para resolver amparos contra la JNJ, en este caso «implicaría una afectación directa a las funciones constitucionales»
LA BASE CONSTITUCIONAL DEL CONFLICTO
La JNJ sustentaría su demanda en los artículos 154 y 157 de la Constitución Política, que establecen las competencias de la institución y el principio de separación de poderes.
Según la argumentación, el Poder Judicial estaría haciendo «uso indebido de sus competencias» y «contraviniendo el principio de separación de poderes», lo que constituiría un «menoscabo al ejercicio de las funciones» constitucionalmente asignadas a la JNJ.
EL ESCENARIO DE PARÁLISIS INSTITUCIONAL
La demanda competencial plantearía un escenario crítico al TC: una eventual aprobación de las medidas judiciales generaría:
- Suspensión de procesos de selección de nuevos jueces y fiscales
- Congelamiento de ratificaciones de magistrados en ejercicio
- Paralización de expedientes disciplinarios en curso
- Colapso operativo de la JNJ en sus funciones constitucionales
Este argumento cobraría especial relevancia en un país con alta criminalidad y un sistema de justicia ya saturado.
IMPLICANCIAS PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA
La resolución que adopte el Tribunal Constitucional sobre esta demanda competencial tendría consecuencias directas en:
- La continuidad operativa de la JNJ como institución
- La situación procesal de Delia Espinoza y su posible retorno al Ministerio Público
- La legitimidad del actual liderazgo de la JNJ si se confirmaran las observaciones del IDL
- El funcionamiento de equipos fiscales especializados como Lava Jato y Eficcop
El TC deberá delimitar con precisión dónde terminan las competencias del Poder Judicial y dónde comienzan las atribuciones exclusivas de la Junta Nacional de Justicia, en lo que se perfila como una de las decisiones constitucionales más trascendentes del año para el sistema de justicia peruano.
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