El penal de máxima seguridad se habría convertido en un centro de extorsión donde agentes cobran para no ejecutar internos
Una madre denuncia que lleva más de un año pagando cupos a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) para que su hijo, recluido en el penal de máxima seguridad de Challapalca, no sea asesinado. La mujer, cuya identidad mantenemos en reserva por temor a represalias, presenta vouchers de transferencias bancarias que, según afirma, corroboran estos pagos de extorsión.
Los funcionarios señalados son Víctor Arturo González Lazo y José Luis Mayta Llacua, ambos trabajadores del INPE. Según la denunciante, estos hombres trabajarían de la mano cobrando cupos mensuales a las familias de los internos bajo amenaza de muerte.
«Este es otro sinvergüenza que por medio de otros funcionarios manda a pedir dinero. El nombre incluso está ahí, está el depósito con su nombre completo», señala la madre, mostrando capturas de pantalla de los supuestos depósitos realizados a través de Yape.
La denunciante indica que cuando no tiene dinero para pagar estos cupos, su hijo recibe castigos y humillaciones constantes por parte de quienes se supone deberían administrar justicia. «Él está pagando con su libertad. Pero tampoco es así en este penal. Mire cómo nos piden para que ellos estén bien. O si no nos quitan su ropa o si no nos dejan sin abrigo», relata con desesperación.
LAS AMENAZAS DE MUERTE
El testimonio de esta madre se vuelve más escalofriante cuando describe lo que sucede cuando no puede pagar. «Ahorita justamente está como loco, él no tiene nada con qué abrigarse, solamente con la ropa que le han pasado ahí se está parando. Ahora aún todavía lo van a pasar a otro pabellón donde amanecen muertos», advierte.
Según su versión, dentro del penal de Challapalca existe un modus operandi claro: cuando un interno no paga cupos o se atreve a denunciar los abusos, es trasladado a pabellones específicos donde «amanece muerto». Las autoridades del penal luego reportarían estos decesos como simples riñas entre internos.
«Mentira, mentira porque están amenazados. Mentira porque los van a matar el día menos pensado. Esos son los que tienen el director, el jefe de seguridad tiene sus matones ahí. Dicen que en este penal si hablas de las golpizas que recibes de parte de sus autoridades, amaneces sin vida», denuncia.
La mujer asegura que cada vez que se reporta un supuesto homicidio tras un enfrentamiento entre internos, la versión oficial habla de una simple riña. «Pero adentro de estos muros la historia es otra. Son los propios agentes de seguridad quienes deciden quién vive y quién muere cuando un preso no se alinea con el negocio de las coimas», sostiene.
ANTECEDENTES DE EXTORSIÓN
Esta no sería la primera denuncia contra funcionarios del INPE en Challapalca. La semana pasada, José Luis Mayta Llacua ya había sido sindicado por otra madre de cobrar cupos. En aquella ocasión también se presentaron capturas de pantalla de supuestos depósitos realizados como pago de estas extorsiones.
Cuando China Polo Dominical intentó comunicarse con José Luis Mayta Llacua para conocer su versión, el funcionario negó rotundamente las acusaciones. «No, no, no, no. Desconozco totalmente sobre ese tema», respondió cuando se le preguntó sobre los vouchers y los supuestos depósitos a su cuenta de Yape.
Sin embargo, al ser cuestionado directamente sobre si niega estar pidiendo cupos para no lastimar a los internos de Challapalca, Mayta Llacua fue contundente: «No, totalmente, caballero».
Por su parte, Víctor Arturo González Lazo nunca contestó nuestras llamadas pese a nuestra insistencia telefónica.
EL PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD
Construido en 1996 e inaugurado en 1997 en medio del altiplano helado de Tacna, a casi 5000 metros sobre el nivel del mar, el penal de Challapalca nació con una idea clara: ser la cárcel más dura del país, el lugar al que enviaban a los internos más peligrosos. Con el tiempo, incluso fue bautizado como «el Alcatraz del altiplano».
Pero después de sus primeros años también arrastró denuncias y cuestionamientos por sus condiciones extremas y por los abusos que, según diversas voces, habrían ocurrido dentro de esos muros.
Y ahí es donde surge la pregunta inevitable: si en un penal de máxima seguridad administrado por el propio Instituto Nacional Penitenciario del Perú se denuncia que se cobran cupos y se castiga brutalmente a los internos, entonces ¿qué se puede esperar del resto del sistema penitenciario del país?
CORRUPCIÓN SISTÉMICA
El abogado y analista político consultado por este medio fue contundente: «Yo creo que esa es una demostración de la ausencia total de derechos humanos, incluso para quienes están cumpliendo penas privativas de su libertad. Pero ese tipo de violaciones a los derechos humanos tiene origen en la corrupción, que lamentablemente también ha desbordado en instituciones como el Congreso de la República, el Ministerio Público y me parece que también en la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional».
Según este experto, «la Policía Nacional del Perú, el personal del INPE, el Ministerio Público están contaminados. Ojo, no todos los policías, ni todos los fiscales, ni todo el personal del INPE incurre en actos delictivos, pero lamentablemente los buenos elementos son arrinconados por los malos porque tienen el respaldo de otros funcionarios corruptos como los que están en el Ministerio de Justicia, en el Congreso y en el mismo Ministerio Público».
DOBLE FUNCIÓN DE LA JEFA DEL INPE
Al parecer, la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario y militante del partido Podemos Perú del cuestionado José Luna Gálvez, Juana Adelia Oblitas Olarte, no tendría tiempo suficiente para ejercer adecuadamente sus funciones. Y es que, además de dirigir esta institución clave del sistema penitenciario, también se desempeña como viceministra de Justicia.
Esta doble responsabilidad ha desatado críticas por una agenda demasiado recargada que, según algunos señalamientos, estaría dejando grietas en el sistema. Grietas que, denuncian algunos, se estarían pagando con sangre y con yapes.
Ante este rosario de escándalos ocurridos en el penal de máxima seguridad de Challapalca, intentamos comunicarnos con la jefa máxima del INPE, pero no nos contestó. Lo mismo ocurrió con el director de este penal, Jesús Emiliano Herrera Torres.
MIEDO A DENUNCIAR
Cabe precisar que la madre del interno asegura tener miedo de acudir a la fiscalía, pues según afirma, autoridades corruptas del Instituto Nacional Penitenciario le habrían advertido que si se enteran de que presenta una denuncia, su hijo será quien pague las consecuencias.
«Cuando salen a una diligencia virtual los amenazan. Los matan porque no les conviene que hablen, para que cuando salgan en una diligencia no puedan decir nada», explica la denunciante.
Hoy, pese al miedo, esta madre ha decidido alzar la voz para que la historia de su hijo no quede enterrada entre el silencio y las rejas del penal de Challapalca. Ahora le corresponde al Instituto Nacional Penitenciario del Perú y a las autoridades competentes demostrar que incluso en los lugares más duros del sistema penitenciario, la ley todavía está por encima del miedo.