Fiscalía solicitó medidas desde agosto 2022 pero juez recién evaluaría el pedido
La exalcaldesa de Lima Susana Villarán enfrentó este jueves una audiencia crucial donde un juez evaluaría imponer restricciones que asegurarían su permanencia en el Perú mientras enfrenta juicio por el caso de aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a sus campañas municipales.
El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dirigió la audiencia de forma presencial para evaluar un pedido que la fiscalía habría formulado en agosto de 2022, pero que permaneció sin resolución durante casi tres años.
La solicitud del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, buscaría imponer a Villarán un impedimento de salida del país por 36 meses, además de agregar reglas de conducta a la comparecencia con restricciones que cumplía al momento de la acusación en 2022.
Las restricciones solicitadas incluirían:
- Comunicar al juzgado su actividad cada 15 días
- Prohibición de comunicarse con coacusados, testigos, peritos y funcionarios relacionados
- No dar declaraciones en prensa o redes sociales
- No ausentarse de su lugar de residencia ni salir de Lima
- Pagar una caución de S/ 500 mil
- Impedimento de salida del país por 36 meses
Para otros 16 acusados también se habría solicitado diversas medidas restrictivas, incluyendo impedimento de salida del país para 14 de ellos, comparecencia con restricciones para uno y prisión preventiva para Mario Ruas Nogueira, empresario residente en México presuntamente vinculado al esquema de lavado de dinero.
La fiscalía acusaría a Villarán por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y colusión, solicitando 29 años de prisión. Los cargos estarían relacionados con los aportes de Odebrecht, OAS y Graña y Montero a sus campañas del «no» a la revocatoria (2013) y de reelección como alcaldesa (2014).
La demora en resolver este pedido habría generado que el Tercer Juzgado Colegiado, asignado para el juzgamiento programado para el 23 de septiembre, devolviera el incidente al juez Chávez Tamariz para su resolución urgente.
Villarán habría admitido públicamente que sus campañas recibieron aportes de las constructoras, pero su defensa sostendría que se trató de un error político y no de lavado de dinero ni corrupción. La fiscalía, por el contrario, la acusaría de liderar una red criminal que habría lavado más de US$ 11 millones.
La abogada de Villarán, Merly Edquen, confirmó que se opondrían al pedido fiscal y participarían en la audiencia de forma virtual tras solicitar el permiso correspondiente.