El presidente del Congreso aclara que el archivo de la denuncia constitucional no implica inocencia de la mandataria
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), se pronunció este jueves sobre las denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte, enfatizando categóricamente que no existe pronunciamiento alguno desde el Parlamento sobre una supuesta inocencia de la mandataria en el caso Rolex.
«No hay ninguna declaratoria de inocencia. No hay archivamiento. Por consiguiente, en el momento que la presidenta deje ese cargo, en julio del 26, las denuncias se activarían y se realizarían las investigaciones correspondientes», declaró en rueda de prensa en el Congreso.
Esta afirmación surge tras el archivo de la denuncia constitucional contra Boluarte por el caso Rolex, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 23 de mayo con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención.
El fundamento legal del archivo
Según el informe presentado por la congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular), «sería constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio declarar el archivo por no proceder formular acusación contra la presidenta, la señora Dina Boluarte, de conformidad al Artículo 117 de la Constitución».
El referido artículo constitucional establecería limitaciones específicas para acusar a un presidente en funciones, salvo en casos determinados por la norma.
La posición de la Fiscalía
El 27 de mayo, la Fiscalía de la Nación habría solicitado reconsiderar la decisión del Congreso, argumentando la existencia de «graves vicios procesales» en el trámite parlamentario. Sin embargo, al día siguiente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), liderada por María Acuña (APP), rechazó la reconsideración.
«No habría una norma constitucional que considere la nulidad que estaría pidiendo la Fiscalía», afirmó la parlamentaria.
Múltiples denuncias en proceso
La Fiscalía de la Nación habría presentado cinco denuncias constitucionales contra la presidenta Boluarte en menos de 48 horas, entre el 15 y 16 de mayo de 2025, que incluirían:
- Presunta omisión de funciones o abandono de cargo por cirugías estéticas en 2023
- Supuesto encubrimiento personal en la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre
- Enriquecimiento ilícito agravado y omisión de declaraciones en documentos
- Presunto delito de colusión agravada por el caso Qali Warma
- Lesiones leves y graves durante protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023
Adicionalmente, existirían otras cuatro denuncias previas relacionadas con muertes y heridos en protestas, la desactivación de un equipo especial de la Policía Nacional y el caso Rolex por presunto cohecho pasivo impropio.
Respaldo a Gustavo Adrianzén
Eduardo Salhuana también se refirió al nombramiento de Gustavo Adrianzén como representante de Perú ante la ONU, oficializado este jueves mediante resolución suprema. El presidente del Parlamento recordó que Adrianzén se habría desempeñado como representante del Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington entre febrero de 2023 y marzo de 2024, antes de asumir la presidencia del Consejo de Ministros, cargo al que renunció el 13 de mayo.
«Habría sido primer ministro de la República del Perú, o sea, habría ocupado el cargo administrativo más alto luego de la presidenta de la República. Por consiguiente, tendría la suficiente experiencia para desempeñarse con idoneidad en este cargo tan importante», afirmó Salhuana.
