Nueve meses de prisión preventiva para funcionarios penitenciarios acusados de fracturar el pie a una interna
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz habría dictado ayer un fallo histórico al ordenar nueve meses de prisión preventiva contra cinco agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Huaraz, presuntamente involucrados en actos de tortura contra una mujer interna que habría resultado con el pie fracturado.
La resolución judicial constituiría la primera prisión preventiva dictada en el departamento de Áncash por un delito contra la humanidad, específicamente por el delito de tortura, y sería también la primera a nivel nacional contra agentes penitenciarios por este tipo de delito.
Según la información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash y Santa, los agentes identificados como Boyer García Hardy, Cinco Vega Diana, Maguiña Figueroa Edith, Valdiviezo Gayoso Max y Arango Loli Erick habrían participado presuntamente en los hechos de tortura ocurridos el 18 de mayo de 2024 en el Establecimiento Penitenciario «Víctor Pérez Liendo» de Huaraz.
De acuerdo con la investigación fiscal dirigida por la fiscal provincial Rocío Príncipe Ascencios, los agentes habrían sometido a la víctima, una joven madre de 27 años, a brutales maltratos que incluyeron: enmarrocarla, envolverla en una frazada, golpearla con palos, arrastrarla por las instalaciones del penal, lanzarle baldes de agua en la cara para presuntamente asfixiarla, desnudarla y abandonarla en una celda.
La gravedad de la presunta tortura habría sido tal que le fracturaron un pie a la interna, quien según el Ministerio Público cumple condena desde el 23 de abril de 2019 por haber causado la muerte de su pareja en un contexto de violencia familiar – ella habría sido víctima de continuos maltratos y habría actuado mientras era golpeada por su agresor.
El juzgado también habría ordenado cursar los partes correspondientes para la captura de estos agentes penitenciarios, reafirmando con esta decisión el compromiso del Ministerio Público de trabajar al servicio de la población en la lucha contra los delitos de lesa humanidad.
La víctima fue posteriormente trasladada a otro centro penitenciario del país el 16 de julio pasado para salvaguardar su integridad física y emocional, ya que se encontraba en el mismo lugar donde ocurrió la presunta agresión y habría estado recibiendo amenazas.
Este caso formaría parte de una serie de denuncias por tortura en establecimientos penitenciarios que han venido siendo investigadas por las fiscalías especializadas, evidenciando presuntamente la necesidad de reformas urgentes en el sistema penitenciario nacional.