El Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra el expresidente y su exsocio por el caso Westfield Capital
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski enfrentaría el momento más crítico de su carrera política tras la autorización judicial del inicio de juicio oral por el caso Westfield Capital, vinculado directamente con las investigaciones a la constructora brasileña Odebrecht. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional habría admitido más de 2,577 medios probatorios en una resolución que superaría las 2,000 páginas.
La Fiscalía habría solicitado sendas condenas de 35 años de prisión tanto para Kuczynski como para su exsocio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, además de una reparación civil que ascendería a 46 millones 682 mil 264 dólares estadounidenses. El caso también involucraría a cuatro empresas, incluyendo Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Latin America Enterprise Managers y Dorado Asset Management Limitada.
La acusación fiscal
Según el Ministerio Público, PPK habría liderado una organización criminal «destinada al lavado de activos provenientes de pagos por asesorías financieras vinculados a delitos contra la administración pública». Las investigaciones se remontarían a finales de 2017, cuando el acusado aún ejercía la Presidencia de la República.
La Fiscalía sostiene que Kuczynski, desde sus altos cargos públicos donde manejaría información privilegiada, habría instruido a Gerardo Rafael Sepúlveda para suscribir contratos y documentos vinculados a las asesorías financieras en representación de Westfield Capital Ltd. De esta manera, habría dispuesto el manejo de sus cuentas personales y empresariales a otros miembros de la presunta organización.
«La organización criminal habría limpiado el dinero maculado producto de la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en diversos proyectos de gran envergadura», indica la acusación fiscal. Según esta versión, PPK habría intercalado sus funciones públicas y privadas para beneficiarse económicamente mediante la negociación ilícita de información privilegiada.
Los presuntos actos delictivos habrían sido cometidos durante los períodos en que Kuczynski ejerció como ministro de Economía (2001-2002 y 2004-2005), presidente del Consejo de Ministros (2005-2006) y presidente de la República (2016-2018).
La defensa responde
Julio Midolo Chirinos, abogado defensor de Pedro Pablo Kuczynski, calificó la imputación fiscal como «absolutamente improcedente» en declaraciones a RPP. El letrado sostiene que las investigaciones se centrarían únicamente en las asesorías financieras realizadas por el exsocio chileno Gerardo Sepúlveda a través de sus empresas Westfield Capital y First Capital.
«Lo que ha sucedido aquí es que se cuestionan todas esas asesorías financieras y se le está equiparando por un delito que es absolutamente improcedente para este caso que es el de lavado de activos», argumentó el abogado defensor.
Midolo Chirinos reveló que la propia investigación habría desmontado la teoría de organización criminal, ya que el juez Chávez Tamariz habría retirado del caso tanto a Gloria Kisic Wagner como al exchofer Bernaola Ñuflo, con lo cual «ya esa organización criminal no existiría».
La defensa asegura que las pericias realizadas durante los casi ocho años de proceso habrían determinado que los fondos utilizados para pagar las asesorías financieras tuvieron una procedencia «absolutamente lícita». Según esta versión, lo que la Fiscalía debió haber imputado sería un supuesto tráfico de influencias, delito que ya estaría prescrito.
«No existe ninguna procedencia ilícita de fondos. El presupuesto fundamental para un lavado de activos es que los fondos con los cuales se realiza el pago tendría que tener una procedencia ilícita. No existe una línea en la acusación fiscal que establezca ello», explicó Midolo Chirinos.
Persecución política
El abogado defensor no descartó que el proceso habría partido de una persecución política contra Kuczynski Godard. «En un inicio esto nació con un matiz político, sin duda, porque nace a raíz de una comisión del Congreso de la República liderado por el partido político opositor que resultó perdedor en las elecciones contra el señor Kuczynski, la Comisión Lava Jato», puntualizó.
Sin embargo, reconoció que en el tiempo la situación habría mutado hacia «una obstinación por parte del Ministerio Público que simplemente no quiere dar su brazo a torcer y persiste en casos que son manifiestamente improcedentes».
La defensa considera que la solicitud de 35 años de cárcel constituiría una «sentencia de muerte que nace con un error» en la sumatoria de penas, ya que la Fiscalía habría sumado las condenas cuando debió solicitar una sola pena por el período investigado (2001-2015).
El caso marca un precedente significativo en las investigaciones vinculadas al escándalo Odebrecht en el Perú y podría sentar las bases para futuros procesos contra otros exfuncionarios involucrados en presuntos actos de corrupción con la constructora brasileña.