Más de 9 mil casos en solo cuatro meses del 2025 y el incremento del 19.2% respecto al año anterior encienden alarmas sobre un problema que sigue creciendo sin control
La crisis de las extorsiones en el Perú habría alcanzado niveles sin precedentes, según revelan las cifras oficiales del Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL). Entre enero y abril de 2025, ya se habrían registrado 9,097 denuncias por extorsión a nivel nacional, lo que significaría un alarmante incremento del 19.2% en comparación con el mismo período del 2024, cuando se reportaron 7,632 casos.
La frecuencia de este delito resulta estremecedora: cada 19 minutos se presenta una denuncia por extorsión en algún lugar del país. Este ritmo acelerado podría convertir al 2025 en el año con mayor número de denuncias por este delito en la última década.
Las zonas más golpeadas por esta ola criminal serían Lima, La Libertad, Arequipa y Piura, donde las bandas de extorsionadores operarían con aparente impunidad. La situación resultaría especialmente crítica en distritos periféricos de Lima como San Juan de Lurigancho, donde se han registrado múltiples atentados con explosivos y asesinatos por sicariato en las últimas semanas.
El incremento de los ataques con artefactos explosivos ha sumado un nuevo elemento de terror a esta crisis de seguridad. Según informes recientes, se habrían registrado al menos 26 atentados con explosivos en lo que va del año, dirigidos principalmente contra negocios que se niegan a pagar cupos a los extorsionadores.
Solo en San Juan de Lurigancho, el distrito más grande y poblado de Lima Metropolitana, se habrían reportado al menos dos atentados con explosivos y la quema de vehículos de transporte público en una sola noche de mayo. Los delincuentes habrían dejado mensajes amenazantes exigiendo pagos que van desde los 10 mil hasta los 50 mil soles.
Las investigaciones revelarían que los métodos de extorsión se habrían diversificado. Desde amenazas a la integridad física y cobros de cupos semanales hasta los temidos préstamos «gota a gota» que terminarían en violencia cuando las víctimas no pueden pagar los intereses usureros.
Una reciente tragedia ocurrida a principios de mayo reflejaría la crueldad de estos criminales: una bebé de un año y dos meses habría muerto tras recibir el impacto de una bala destinada a su padre, quien aparentemente se habría negado a pagar extorsiones.
Trujillo tampoco escaparía de esta ola de violencia. En una sola noche de febrero, la ciudad registró cuatro atentados con explosivos en distintos puntos, todos dirigidos contra empresarios y comerciantes. Los ataques, presuntamente ejecutados por bandas criminales, habrían intensificado el temor en la capital de La Libertad.
El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana ya habría emitido alertas sobre la necesidad urgente de una respuesta más contundente del Estado, mientras el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) registra ya 789 homicidios en lo que va del año, muchos de ellos vinculados a estas extorsiones.
Uno de los factores más preocupantes sería el subregistro de estos delitos. Según especialistas, por cada denuncia formal existirían al menos tres casos que no llegan a conocimiento de las autoridades debido al temor a represalias. Esto significaría que la cifra real de extorsiones podría triplicar los datos oficiales.
Las autoridades habrían anunciado medidas como el incremento de operativos y la creación de grupos especiales dentro de la Policía Nacional, además de habilitar una Central 111 para denuncias de extorsión. También existiría la Línea 1818 y el celular 942841978 para reportes directos. Sin embargo, los resultados hasta ahora serían escasos frente a una criminalidad que parece ir siempre un paso adelante.
