La legisladora de Podemos Perú reaccionó con violencia verbal ante preguntas sobre presunto nepotismo en su despacho parlamentario
La congresista Kira Alcarraz, de Podemos Perú, protagonizó un grave episodio de intimidación contra la periodista Marycielo del Castillo, del programa ContraCorriente, cuando fue consultada sobre la contratación de Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo Yarcino Yorch Villegas Alcarraz, en un cargo de confianza dentro de su despacho parlamentario.
Durante la entrevista, lejos de responder con transparencia sobre el cuestionamiento de presunto nepotismo, la legisladora perdió los estribos y profirió amenazas directas contra la reportera: «Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared», declaró. Y agregó de manera escalofriante: «Sí, te golpearía contra la pared… y como no estoy alterada, es por eso que todavía sigues viva».
Las declaraciones generaron rechazo inmediato de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que emitió un pronunciamiento condenando las expresiones de la congresista. El gremio señaló que no existe ningún contexto que justifique alguna agresión o amenaza contra la prensa, reafirmando el derecho constitucional a la libertad de información.
Red de contrataciones cuestionables
Según el portal de transparencia del Congreso de la República, Diana Alani de la Cruz Flores percibe un salario del Estado y habría sido designada por recomendación directa de la parlamentaria Alcarraz. Pese a las evidencias y cuestionamientos, la congresista defendió la contratación alegando que la trabajadora cumpliría con los requisitos del cargo y que no existiría impedimento legal al no tratarse de un vínculo sanguíneo directo.
Sin embargo, el caso no se limita a la pareja de su hijo. La congresista reconoció también haber designado a Guillermo Santiago García Campos, identificado como amigo cercano de su hijo, en el cargo de técnico del despacho. Esta cadena de nombramientos alimenta las sospechas de nepotismo, ya que se estaría privilegiando la cercanía personal y familiar por encima del mérito y la transparencia que deben regir los cargos públicos.
Los hechos evidencian un patrón preocupante donde funcionarios públicos utilizarían sus cargos para beneficiar a su círculo íntimo, vulnerando principios básicos de la función pública y la ética parlamentaria. Las amenazas contra la prensa que investiga estos casos representan un grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información.