Vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia acusa a la fiscal de la Nación de desobediencia institucional y resistencia ante orden de reposición de Patricia Benavides
La crisis en el Ministerio Público alcanza un nuevo nivel de confrontación institucional. La vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, habría presentado una propuesta explosiva que podría cambiar radicalmente el panorama de la fiscalía nacional: suspender preventivamente por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Los documentos revelados por El Comercio este lunes 8 de septiembre exponen una batalla de poder que tendría como epicentro la controvertida reincorporación de Patricia Benavides al Ministerio Público. Según los informes elaborados por Cabrera, Espinoza habría protagonizado una resistencia sistemática y deliberada contra las decisiones de la JNJ, lo que constituiría faltas graves y muy graves que ameritarían su apartamiento temporal del cargo.
El conflicto se habría originado en junio pasado, cuando la JNJ dispuso la reposición de Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación tras revisar las sanciones que se le habían impuesto anteriormente. La respuesta de Espinoza no se habría hecho esperar: cuestionamientos públicos y una demora deliberada en la ejecución de la orden que se extendería hasta agosto, cuando finalmente se hizo efectiva la reincorporación tras decisiones judiciales e institucionales.
Los cargos que podrían costar el cargo a Espinoza
María Teresa Cabrera no habría escatimado en argumentos para justificar su propuesta de suspensión. En los documentos presentados, la vicepresidenta de la JNJ atribuye a Espinoza cuatro hechos que considera centrales y graves:
Primero, habría ignorado deliberadamente la Resolución N.° 231-2025-JNJ, que ordenaba específicamente reincorporar a Patricia Benavides a sus funciones en el Ministerio Público.
Segundo, habría continuado ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación «de manera ilegal e inconstitucional», según los términos utilizados en el informe de Cabrera.
Tercero, se habría negado rotundamente a recibir a Benavides en las instalaciones del Ministerio Público, generando una situación de confrontación directa.
Cuarto, habría instigado al personal fiscal y administrativo a ocupar el noveno piso del Ministerio Público con el objetivo específico de bloquear la ejecución de la orden de reincorporación.
La defensa de Espinoza: «Cargos genéricos y sin pruebas»
La fiscal de la Nación no se habría quedado callada ante estas acusaciones. Su respuesta habría sido contundente: los cargos que le atribuye Luis Miguel Caya Salazar, el denunciante, serían «genéricos, carecerían de pruebas y vulnerarían el principio de imputación necesaria».
Espinoza también habría cuestionado la legitimidad del denunciante, argumentando que este no habría demostrado una afectación directa a sus derechos. Además, la titular del Ministerio Público habría presentado una nulidad contra el decreto que ordenó recabar información, alegando vulneración del debido procedimiento.
Sin embargo, Cabrera habría desestimado categóricamente estos argumentos. En su análisis, habría identificado lo que califica como una resistencia «injustificada y dilatoria» por parte de Espinoza, documentando diversas acciones que considera problemáticas: el envío de oficios solicitando documentación considerada innecesaria, declaraciones públicas de oposición a la JNJ y la convocatoria a una vigilia institucional para rechazar la reincorporación de Benavides.
El marco legal que sustentaría la suspensión
Cabrera habría basado su propuesta en la Ley Orgánica de la JNJ y específicamente en el artículo 88 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios. Su argumento central sería que la suspensión preventiva constituye una «medida cautelar excepcional y provisional», necesaria para evitar daños a la institucionalidad y garantizar el interés público.
El informe recordaría que la Constitución otorga a la JNJ la facultad de sancionar a jueces y fiscales, respaldando así la legitimidad de la medida propuesta. Si el pleno de la JNJ acoge esta propuesta, Espinoza sería apartada temporalmente del cargo mientras se desarrolla un procedimiento disciplinario que podría extenderse varios meses y culminar en sanciones que van desde una amonestación hasta la destitución.
Las voces críticas: «Es descabellado»
La propuesta de Cabrera no habría pasado desapercibida en el ámbito legal. El abogado penalista Gilmar Andía habría cuestionado duramente la solidez jurídica del informe, calificándolo de «desproporcionado» y «descabellado».
«No solo es desproporcionado, sino descabellado, porque las razones fundamentadas y motivadas sobre por qué se estaría aplicando esta medida no están claras dentro de la resolución», habría declarado Andía en diálogo con El Comercio.
Para el ex viceministro de Justicia, la resolución adolecería de una debida fundamentación, señalando que «el test de proporcionalidad que han establecido es, por decir lo menos, inexistente». Andía habría hecho notar una desviación entre lo que exige el reglamento disciplinario y los argumentos empleados en la resolución de Cabrera.
¿Una movida política disfrazada de proceso legal?
Luis Vargas Valdivia, otro reconocido penalista, habría ido más allá en sus críticas, calificando el pedido de suspensión como una medida «muy pobre» en fundamentos jurídicos. Su diagnóstico sería aún más severo: detrás de esta decisión podrían existir intereses distintos a los institucionales.
«La resolución es muy pobre. No hay mayores elementos que permitan establecer por qué es necesario que sea apartada del cargo», habría señalado Vargas Valdivia. En su opinión, la medida cautelar propuesta por Cabrera no respondería a un análisis riguroso de los hechos ni a un riesgo procesal real, sino a un objetivo político.
«Es claro que esta propuesta de la señora vicepresidenta no tiene sustento. No responde a un acto propio del cargo, responde a intereses distintos. Es obvio que lo que se busca es descabezar al Ministerio Público», habría declarado el penalista.
Los próximos pasos en esta batalla institucional
El pleno de la JNJ tendría ahora en sus manos una decisión que podría redefinir el futuro del Ministerio Público. Si acoge la medida cautelar propuesta por María Teresa Cabrera, Delia Espinoza quedaría apartada temporalmente de la institución que dirige, en medio de una crisis de legitimidad que podría tener repercusiones políticas y jurídicas de gran alcance.
Vargas Valdivia habría adelantado cuál sería la estrategia de defensa de Espinoza: «¿Qué es lo que tendría que hacer la señora [Espinoza]? Primero, oponerse; segundo, asistir a la audiencia; tercero, presentar una reconsideración y luego interponer un amparo. Este caso va a terminar en el Tribunal Constitucional».
Lo que comenzó como una orden de reincorporación se habría convertido en una batalla campal que expone las profundas fracturas en el sistema de justicia peruano. La pregunta que queda es si esta confrontación responde a un genuino interés institucional o si estamos ante una maniobra política que utiliza los mecanismos legales para lograr objetivos que van más allá de la administración de justicia.
El tiempo dirá si María Teresa Cabrera logra su objetivo de suspender a Delia Espinoza, pero lo que ya es evidente es que el Ministerio Público enfrenta una de sus crisis más profundas, con consecuencias que podrían trascender esta batalla particular y afectar la credibilidad del sistema de justicia en su conjunto.