Tres congresistas habrían activado el proceso tras destape de sentencia que lo habría inhabilitado desde el inicio
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) habría admitido a trámite el pedido de vacancia contra su presidente Gino Ríos Patio por haber asumido el cargo pese a la denuncia de violencia familiar en su contra. La audiencia se habría realizado de forma reservada este 19 de agosto, generando cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la legitimidad de las decisiones que Ríos Patio habría tomado durante su gestión.
Tras el destape de la sentencia por violencia familiar a inicios de agosto, desde el Congreso se habrían presentado un total de tres pedidos de vacancia correspondientes a los parlamentarios Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña. Los tres oficios habrían estado dirigidos a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera.
Los legisladores habrían sustentado sus pedidos citando el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Junta, en el cual se determinaría que «si uno de sus miembros se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 11, la Junta Nacional de Justicia procede a su separación por vacancia, bajo la responsabilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de conformidad con lo previsto en el Título VI de la presente ley».
Según fuentes consultadas por este medio, la denuncia por violencia familiar contra Ríos Patio no sería un tema menor, ya que la propia normativa de la JNJ establecería claramente que quienes enfrentan este tipo de procesos no podrían ejercer cargos en la institución encargada de velar por la idoneidad del sistema de justicia.
El caso habría generado un precedente preocupante: el máximo responsable de velar por la idoneidad moral y profesional de magistrados habría estado ejerciendo funciones mientras enfrentaba precisamente el tipo de denuncias que descalificarían a cualquier postulante a una magistratura.
La situación se habría vuelto más compleja considerando que durante la gestión de Ríos Patio se habrían tomado decisiones trascendentales sobre nombramientos y ratificaciones de jueces supremos, superiores y fiscales, lo que podría generar cuestionamientos sobre la validez legal de dichas resoluciones.
Expertos en derecho constitucional consultados señalaron que este caso evidenciaría una grave contradicción en el sistema: mientras la JNJ exigiría altos estándares éticos a los magistrados que evalúa, su propio presidente habría estado operando bajo una nube de dudas sobre su idoneidad moral.
La reserva del proceso habría impedido conocer los detalles específicos de la denuncia, pero fuentes cercanas al caso indicaron que se trataría de hechos que habrían ocurrido antes de su designación y que no habrían sido debidamente evaluados durante su proceso de selección.
Este escándalo se sumaría a la crisis de credibilidad que atraviesa el sistema de justicia peruano y pondría en entredicho la efectividad de los mecanismos de control interno de la propia JNJ, institución que habría sido creada precisamente para garantizar la transparencia y probidad en la administración de justicia.