Fiscalizadora recomienda elevar al pleno denuncia contra Luz Pacheco por declaraciones en medio televisivo
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 emitió un informe técnico que determina una presunta infracción al principio de neutralidad electoral por parte de Luz Pacheco Zerga, presidenta del Tribunal Constitucional. El documento analiza declaraciones públicas realizadas por la magistrada en un programa, relacionadas con la candidatura presidencial de Mario Vizcarra Cornejo.
Según el informe elaborado por una fiscalizadora del organismo electoral, las afirmaciones de Pacheco durante la entrevista televisiva habrían transgredido el deber de imparcialidad que deben mantener las autoridades durante el periodo electoral. El análisis técnico señala que dichas declaraciones podrían afectar la postulación de Vizcarra al cargo de Presidente de la República por la organización política Perú Primero.
El documento técnico indica textualmente: «La señora Luz Imelda Pacheco Zerga, actual Presidente del Tribunal Constitucional, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral».
Durante la entrevista analizada, la conductora del programa consultó a Pacheco sobre las posibilidades electorales de Vizcarra, quien fue condenado por el delito de peculado y posteriormente obtuvo su rehabilitación. La magistrada respondió: «No te podría adelantar en concreto esa postura, pero sí te adelanto que, en principio, el delito que él cometió está bajo la norma de Peculado. Está comprendido en esas demandas que se presentaron ya hace bastantes años y que dijeron que sí es constitucional que no pueda postular».
Ante la pregunta específica sobre si la normativa actual permitiría la postulación de Vizcarra, Pacheco agregó: «En principio, eso es lo que ocurre. Habrá que ver, como tú dices, en el caso concreto, porque no siempre estamos de acuerdo todos en el Tribunal a ver qué pasará».
El partido político Perú Primero presentó una denuncia formal ante el Jurado Nacional de Elecciones argumentando que las expresiones de la magistrada «inducen a error a la opinión pública, generando un clima de presión indebida sobre los órganos electorales» y representan «una interferencia directa en el proceso electoral, vulnerando el principio de neutralidad».
Mario Vizcarra se pronunció sobre el tema señalando: «Ella tiró abajo la neutralidad y adelantó opinión. Eso ya mostraba la animadversión que tienen a mi postulación». El candidato también hizo referencia a cinco resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la Ley 30717, que presentan criterios diversos sobre el tema.
Tras conocerse la denuncia, la presidenta del TC expresó su sorpresa y aclaró que sus declaraciones fueron realizadas en términos generales. «Sí me llamó la atención [la denuncia], porque yo no me referí en ningún momento a la situación personal de esa persona. Lo que yo recordé fueron las dos sentencias que tuvo el Tribunal Constitucional en materia de participación ciudadana y delitos», indicó Pacheco.
La magistrada agregó: «Después dije también que de ese caso en concreto, y recordé lo que dice el Código Procesal Constitucional, que si una ley ha sido convalidada por el TC, los jueces la tienen que aplicar».
El informe técnico recomienda que el caso sea elevado al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 para que el órgano colegiado actúe según sus atribuciones y la normativa correspondiente. La fiscalizadora considera que se habría producido una vulneración a la normativa electoral, específicamente lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento Electoral.
El caso involucra la interpretación de la Ley 30717, que establece restricciones para la postulación a cargos de elección popular de personas con condenas por ciertos delitos. El debate jurídico incluye el alcance de esta norma respecto a personas que han cumplido sus condenas y obtenido rehabilitación judicial.
El pleno del Jurado Electoral Especial deberá evaluar el informe técnico y determinar si corresponde aplicar alguna sanción conforme a la legislación electoral vigente. El proceso se encuentra en etapa de análisis y las partes involucradas tendrán oportunidad de ejercer su derecho de defensa antes de cualquier resolución definitiva.