La denuncia habría surgido gracias a las revelaciones exclusivas del programa periodístico
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos emitió la Disposición N° 01-2025-MP-FN-FSEDCFP, ordenando actuaciones previas para evaluar la denuncia presentada contra la magistrada María Isabel Martina Velezmoro Arbaiza y otros jueces superiores de la Corte Superior de Justicia de Áncash, por presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y cohecho pasivo específico.
La denuncia, interpuesta por Wilmer Edinson López Camacho, alega irregularidades en un proceso judicial vinculado al exgobernador Waldo Enrique Ríos Salcedo. Según el denunciante, los magistrados habrían adelantado una sentencia condenatoria utilizando pruebas que serían inválidas, presuntamente en perjuicio del acusado y en favor del vicegobernador Enrique Vargas Bamechea.
Los hechos habrían sido revelados a través de audios exclusivos difundidos en el programa «China Polo Dominical» y material adicional proporcionado por el denunciante. Estos audios habrían sido clave para exponer las presuntas irregularidades en el sistema judicial de Áncash.
La Fiscalía determinó que la denuncia requiere mayor sustento probatorio para proceder con una investigación formal. Por ello, solicitó al denunciante detallar con precisión los hechos imputados, identificando a los magistrados involucrados, y aportar los audios y videos mencionados en formatos accesibles, junto con la explicación de su origen y validez legal.
Adicionalmente, la institución remitió los antecedentes del presunto cohecho pasivo específico a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada, al no ser de su competencia directa.
La resolución se basa en el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y jurisprudencia vigente, que exigen una «sospecha inicial simple» fundamentada para iniciar diligencias preliminares. La Fiscalía destacó que las actuaciones previas buscan garantizar el derecho a la defensa y evitar procesos infundados.
Una vez más, se demuestra que «esta boca no la calla nadie» cuando se trata de exponer la verdad y luchar contra la corrupción en el sistema judicial peruano.
