A casi cinco años del 14N, la justicia habría dado un paso crucial contra la impunidad policial
El Ministerio Público habría solicitado 35 años de prisión para ocho oficiales de alto rango de la Policía Nacional del Perú (PNP) por su presunta responsabilidad en los asesinatos con alevosía de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Ambos jóvenes habrían perdido la vida durante las protestas del 14 de noviembre de 2020, en el contexto de la crisis política tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.
La acusación fiscal incluiría además delitos de lesiones graves y leves contra 74 ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, así como abuso de autoridad. Todos estos hechos habrían sido calificados como graves violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía también habría requerido una inhabilitación por seis años y diez meses para los acusados.
Los oficiales investigados pertenecerían a los altos mandos policiales: los generales Jorge Lam Alcorta, Jorge Cayas Medina y Carlos Villafuerte Salas, así como el coronel Percy Tenorio Gamonal, los comandantes Luis Castañeda Urbina y Gulianno Arguedas Pérez, y el mayor José Solari Chilcce, quienes estarían acusados de homicidio con alevosía.
Ronald Gamarra, abogado de la familia de Bryan Pintado, habría destacado que el requerimiento fiscal sería resultado de una investigación «objetiva y diligente», que concluiría que existen fundamentos sólidos para acusar a los oficiales involucrados en los hechos del 14N. Según indicó, los delitos se habrían cometido en un contexto de represión indiscriminada y desproporcionada, mediante el uso arbitrario de la fuerza pública.
«Se habrían cometido una serie de delitos en el contexto de una represión policial indiscriminada desproporcional a través del uso arbitrario de la fuerza pública en la que se utilizaron municiones prohibidas, como perdigones de plomo y canicas de vidrio que fueron disparadas directamente al cuerpo de los ciudadanos», habría comentado Gamarra.
La acusación ya habría sido presentada ante el Poder Judicial, que habría dispuesto el traslado a las partes involucradas. La audiencia de control de acusación se habría programado para el próximo 12 de agosto, y sería el paso previo al eventual inicio del juicio oral.
Killa Sotelo, hermana de Inti, habría expresado que la acusación formal de la Fiscalía llegaría tras una larga espera y con una carga emocional significativa para las familias de las víctimas. Sin embargo, también habría manifestado preocupación por posibles intentos de neutralizar el proceso judicial, especialmente en el actual contexto político.
«También nuestro temor era que si sale, van a hacer algo para bajársela o van a cambiar las cosas. Con esta ley de amnistía también que está saliendo para militares», habría precisado Sotelo, refiriéndose a los riesgos que podría implicar la aprobación de leyes de amnistía.
El ‘caso 14N’ hace referencia a la jornada de protesta nacional del 14 de noviembre de 2020, cuando miles de ciudadanos habrían salido a las calles en rechazo a la asunción de Manuel Merino como presidente tras la vacancia de Martín Vizcarra. La movilización habría sido masiva y pacífica, pero habría terminado en una brutal represión policial que dejó como saldo la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Inti habría recibido disparos de proyectil de plomo y Bryan habría sido alcanzado por múltiples perdigones. Además, al menos 74 personas habrían resultado heridas, muchas con lesiones graves en ojos, rostro y otras partes del cuerpo. Informes de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales habrían denunciado entonces el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
