La Comisión Permanente cierra el caso pese a denuncias de captura del Estado y vínculos con José Luna Gálvez
El Congreso de la República acaba de darle un respiro al fiscal de la Nación. La Comisión Permanente votó este martes para archivar definitivamente la denuncia constitucional que pesaba sobre Tomás Gálvez por su presunta participación en una organización criminal ligada al partido Podemos Perú y al congresista José Luna Gálvez. La votación fue contundente: 15 legisladores a favor del archivo, apenas 3 en contra.
La acusación, presentada por la exfiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, era de peso: Gálvez habría sido pieza clave de una red dedicada a infiltrar y controlar instituciones estratégicas del Estado peruano. El objetivo, según la denuncia, era asegurar poder político y económico para el círculo de José Luna.
EL CONGRESO DICE: «AQUÍ NO HAY NADA»
Señores y señoras, el informe aprobado por los congresistas es claro en su conclusión: no hay pruebas. Revisaron declaraciones de colaboradores eficaces, analizaron registros de llamadas telefónicas, evaluaron testimonios… y al final dijeron que no existe evidencia contundente de que Tomás Gálvez haya controlado al extinto Consejo Nacional de la Magistratura ni que haya movido un solo papel para colocar a alguien en la ONPE.
La comisión parlamentaria fue enfática: para que exista organización criminal se necesita demostrar una estructura clara, permanencia en el tiempo, roles definidos y un plan criminal específico. Según ellos, nada de eso se comprobó.
¿Y qué pasó con la supuesta intervención de Gálvez para colocar al jefe de la ONPE? El informe señala que no apareció ni un documento oficial, ni un registro administrativo, ni siquiera un correo electrónico que demuestre que el fiscal metió mano en ese proceso. El nombramiento, recalcaron, era competencia exclusiva del entonces CNM y no se probó que Gálvez haya presionado a nadie.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS: «SON SOLO PALABRAS»
La otra acusación grave era por tráfico de influencias. La fiscalía sostenía que Gálvez ofreció interceder ante el consejero Herbert Marcelo Cubas para beneficiar al círculo de Podemos Perú. Pero el Congreso descartó también esta imputación.
¿La razón? Que todo se basaba en declaraciones sin respaldo sólido. No hubo movimientos bancarios sospechosos, no aparecieron comunicaciones oficiales comprometedoras, no se presentaron testigos independientes que confirmen las supuestas negociaciones. Para los parlamentarios, fueron solo palabras sin evidencia que las sostenga.
Y hay más: la acusación mencionaba que la esposa del exmagistrado, Susana Guerrero, habría recibido un cargo en la ONPE como parte del «pago» por los favores de Gálvez. El informe del Congreso dice que eso nunca se comprobó. No hay registro de que ella haya obtenido ningún puesto como resultado de gestiones del fiscal.
LA TESIS FISCAL QUE EL CONGRESO TIRÓ A LA BASURA
Vamos a los hechos que denunció el Ministerio Público, porque no eran poca cosa. La fiscalía dibujó un escenario en el que Tomás Gálvez era parte de un engranaje bien aceitado: una red de poder vinculada a José Luna Gálvez diseñada para capturar instituciones del Estado y consolidar el proyecto político de Podemos Perú.
El plan, según la denuncia, incluía asegurar que Adolfo Carlo Magno Castillo Meza llegara a la jefatura de la ONPE. ¿Para qué? Para facilitar la inscripción y el fortalecimiento del partido de José Luna ante el sistema electoral. La acusación sostenía que esa candidatura tenía respaldo político y financiamiento del entorno empresarial de Luna.
La fiscalía también resaltó la posición estratégica de Gálvez: como fiscal supremo titular, tenía acceso directo a miembros del CNM. La denuncia apuntaba específicamente a su supuesta influencia sobre Herbert Marcelo Cubas, quien habría sido clave para asegurar votos en el proceso de elección del jefe de la ONPE.
Pero hay más en esta historia. Según la imputación fiscal, a Gálvez le habrían prometido beneficios jugosos: proyección política dentro de Podemos Perú y oportunidades profesionales para su círculo cercano. La denuncia incluso mencionó planes para incorporar candidatos vinculados a rondas campesinas, aprovechando la posición de Gálvez en el Ministerio Público.
¿FALTA DE PRUEBAS O BLINDAJE POLÍTICO?
Con 15 votos a favor del archivo, la mayoría parlamentaria consideró que toda esta construcción fiscal no estaba acreditada. El antejuicio constitucional se cierra y Tomás Gálvez queda fuera de peligro legal en este caso.
Pero señores y señoras, aquí está la pregunta que todos debemos hacernos: ¿Realmente no había pruebas suficientes o estamos ante un caso más de protección política? La fiscalía creyó tener elementos para denunciar, el Congreso dice que no hay nada que hacer.
El fiscal de la Nación sale ileso. Las sombras sobre Podemos Perú siguen ahí. Y el país se queda con más preguntas que respuestas sobre quién realmente controla las instituciones del Estado peruano.
Esta boca no la calla nadie, y seguiremos vigilantes.