CongresoEscándalo total: la nueva mesa directiva del Congreso sería una alianza con graves denuncias

José Jerí asume la presidencia del Parlamento pese a investigaciones por violación sexual, coimas y enriquecimiento ilícito

La elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026 habría quedado marcada por la controversia, luego de que los cuatro integrantes elegidos enfrentarían graves denuncias penales y cuestionamientos éticos que pondrían en entredicho la legitimidad de la institución parlamentaria.

José Jerí Oré, de la bancada Somos Perú, ha asumido la presidencia del Congreso con 79 votos, acompañado por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) como primer vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre) como segundo vicepresidente e Ilich López (Acción Popular) como tercer vicepresidente. Sin embargo, una investigación exhaustiva revelaría que los cuatro legisladores tendrían un denominador común: estarían siendo investigados o cuestionados por presuntos delitos graves.

José Jerí: tres investigaciones simultáneas

El flamante presidente del Congreso enfrentaría tres investigaciones que pondrían en duda su idoneidad moral para ocupar el cargo más alto del Legislativo.

Violación Sexual: Desde enero de 2025, Jerí estaría siendo investigado por la Fiscalía Suprema de Familia por el presunto delito de violación sexual. Los hechos habrían ocurrido el 29 de diciembre de 2024 durante una reunión de fin de año en una casa alquilada en Canta, donde una mujer de 31 años habría denunciado haber sido agredida sexualmente mientras se encontraba inconsciente. La denunciante habría señalado que al despertar encontró prendas íntimas mojadas del congresista en la habitación donde despertó.

Lo más grave del caso sería que el juez habría ordenado que Jerí reciba tratamiento psicológico por «impulsividad y conducta sexual patológica», pero el legislador habría incumplido sistemáticamente esta orden judicial durante más de cinco meses, lo que configuraría el delito de desobediencia a la autoridad.

Coimas por S/150,000: Apenas horas antes de la elección de la Mesa Directiva, salió a la luz una nueva denuncia. La empresaria Blanca Ríos habría revelado que Jerí le habría exigido pagos de aproximadamente S/150,000 cuando presidía la Comisión de Presupuesto del Congreso. Según el testimonio, los pagos se habrían realizado a través de emisarios del despacho del congresista para garantizar la inclusión de proyectos en el informe presupuestal. La denuncia también involucraría a la congresista Ana Zegarra, también de Somos Perú.

Enriquecimiento Ilícito: Una tercera investigación apuntaría a un crecimiento patrimonial inexplicable. Jerí habría declarado bienes por apenas S/97,000 en 2021, pero para 2024 su patrimonio incluiría un dúplex en Jesús María, un terreno, depósitos, estacionamientos y una camioneta, con un valor que superaría el millón de soles.

Fernando Rospigliosi: el oportunista político

El primer vicepresidente del Congreso cargaría con un historial de oportunismo político y conflictos de intereses que marcarían su carrera.

El Gran Volteo: Rospigliosi habría sido durante años un férreo opositor al fujimorismo, llegando a calificar en 2019 las posibilidades electorales de Keiko Fujimori como «nulas» y señalando que estaba «arruinada». Sin embargo, en 2020 se habría sumado al equipo de campaña de la lideresa de Fuerza Popular, recibiendo S/180,000 por servicios de consultoría mientras se presentaba públicamente como analista político «independiente».

Censura Ministerial: Durante su gestión como ministro del Interior en el gobierno de Alejandro Toledo (2002-2004), Rospigliosi habría sido censurado por el Congreso por no lograr proteger la vida del alcalde Cirilo Robles en Ilave, Puno, quien fue linchado por pobladores. También habría sido cuestionado por dirigir la represión violenta durante las protestas del «Arequipazo» y por presunta injerencia en el Poder Judicial para favorecer a su hermano Enrique, quien estaba siendo investigado por corrupción.

Waldemar Cerrón: el operador criminal

Por tercer año consecutivo, Waldemar Cerrón habría logrado mantenerse en la Mesa Directiva del Congreso, pese a las graves investigaciones que lo involucrarían.

Los Dinámicos del Centro: El legislador estaría siendo investigado por el presunto delito de organización criminal en el caso «Los Dinámicos del Centro», donde su hermano Vladimir Cerrón (actualmente prófugo) sería señalado como el líder de la presunta red criminal. Según la tesis fiscal, esta organización habría operado desde enero de 2019 hasta junio de 2021, cometiendo diversos delitos como el cobro de sobornos para otorgar licencias de conducir, contratación irregular de militantes de Perú Libre y direccionamiento de obras públicas.

Paradójicamente, Waldemar Cerrón habría sido el autor principal de la Ley N° 32108, que modificó la definición de crimen organizado, en un aparente intento de beneficiarse a sí mismo y a su hermano. Sin embargo, el juez Jorge Chávez Tamariz habría rechazado la aplicación de esta norma en su caso, calificando como un «hecho notorio» que el congresista sea responsable del proyecto de ley del que buscaba beneficiarse.

Ilich López: el expulsado por traición

El tercer vicepresidente cargaría con el deshonor de haber sido expulsado de su propio partido y estar incluido en múltiples investigaciones.

«Los Niños»: López formaría parte del grupo de congresistas de Acción Popular denominado «Los Niños», contra quienes la Fiscalía de la Nación habría presentado denuncia constitucional por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, junto al expresidente Pedro Castillo.

Negociación con Benavides: Según el testimonio del exasesor Jaime Villanueva ante el Ministerio Público, López habría acordado votar a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos a cambio del archivo de una investigación en su contra por el presunto delito de concusión.

Expulsión Partidaria: El Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular habría emitido la resolución N.° 006-2023, declarando fundada la expulsión de López por el delito de «traición agravada». El legislador habría ejercido presiones indebidas contra dirigentes del partido, enviando mensajes con tono intimidatorio.

La alianza del horror legislativo

Lo más preocupante sería que los cuatro integrantes de la nueva Mesa Directiva ya habrían coincidido previamente en un cuestionado historial legislativo. Todos habrían votado a favor del retorno de docentes previamente descalificados, respaldado los cambios que debilitaron la colaboración eficaz y aprobado la reforma que alteró la definición de crimen organizado.

Esta coincidencia no sería casual, sino que evidenciaría una estrategia coordinada para promover leyes que los beneficien directamente o que debiliten el sistema de justicia.

Reacciones y cuestionamientos

La elección habría generado fuertes críticas tanto dentro como fuera del Congreso. Diversas congresistas expresaron su preocupación por la elección de investigados, aunque otras optaron por el silencio o respuestas evasivas.

La congresista Ariana Orúe, de Podemos Perú, habría manifestado: «Si está en investigación, ¿cómo podemos poner a un representante que tiene todavía un proceso abierto?». Por su parte, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, habría señalado que «consideramos la presunción de inocencia, pero creo que él tiene que dar las explicaciones».

El mensaje de impunidad

La conformación de esta Mesa Directiva enviaría un claro mensaje de que en el Congreso peruano la presunción de inocencia pesaría más que el compromiso con la ética y la transparencia. Mientras en las calles se exige mayor rigor frente a los casos de violencia contra la mujer y corrupción, en el hemiciclo predominaría el cálculo político.

Esta situación pondría en evidencia que el Parlamento se habría convertido en un refugio para investigados que buscan protección mutua desde el poder, en lugar de ser la institución que represente dignamente los intereses del pueblo peruano.

La nueva Mesa Directiva no solo marcaría el inicio de una nueva gestión parlamentaria, sino que también reavivaría el debate sobre la crisis de representatividad y legitimidad que atravesaría el Congreso de la República en su último año de funcionamiento unicameral.