Embajadores pasarían a ganar 20 mil soles mensuales mientras se denuncian irregularidades en ascensos con presunto favoritismo político
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría aprobado mediante resolución una nueva escala remunerativa para el personal del Servicio Diplomático del Perú que prácticamente duplicaría los sueldos actuales. La medida beneficiaría directamente a funcionarios como David Gómez Boluarte, hijo de la expresidenta Dina Boluarte, quien como primer secretario pasaría a percibir 12 mil soles mensuales, sin incluir bonificaciones adicionales.
Según la resolución publicada en el portal de Normas Legales, los nuevos sueldos por categoría quedarían establecidos de la siguiente manera: embajadores percibirían 20 mil soles, ministros 18 mil soles, ministros consejeros 16 mil soles, consejeros 14 mil soles, primeros secretarios 12 mil soles, segundos secretarios 10 mil soles y terceros secretarios 8 mil soles.
Este incremento representaría casi el doble de lo que venían percibiendo hasta el momento. Bajo el esquema anterior, vigente desde el Decreto Supremo N.º 354-2015-EF, un embajador recibía 10 mil 600 soles mensuales y un tercer secretario apenas 5.300 soles. La nueva resolución derogaría ese artículo 3 del decreto de 2015 que establecía los montos previos.
El documento del MEF especifica que esta nueva remuneración sería de carácter mensual, pensionable y estaría sujeta a cargas sociales y tributarias. Además, aclara que el financiamiento se realizaría con cargo al presupuesto institucional de Cancillería, por lo que supuestamente no demandaría recursos adicionales al Tesoro Público.
Denuncias de irregularidades en medio del aumento
Esta decisión llegaría en un momento particularmente controversial para el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que según un reciente reportaje del portal El Foco, diplomáticos de carrera habrían denunciado irregularidades en el último proceso de ascenso. Los reclamos se centrarían en la supuesta alteración de resultados mediante la llamada «nota de concepto», asignada por la Junta Calificadora presidida por el vicecanciller Félix Denegri Boza.
Este puntaje subjetivo, que representaría el 30% de la evaluación total, habría determinado promociones inesperadas y desplazamientos de funcionarios que lideraban las fases previas del proceso. El mecanismo de evaluación comprendería tres partes: dos evaluaciones objetivas que sumarían el 70% del puntaje, y esta tercera calificación conceptual que resultaría clave para cambiar la composición de ascendidos.
El impacto habría sido particularmente notorio en la promoción al rango de embajador: en esa categoría, ocho de los diez mejores puntajes en las fases objetivas no habrían alcanzado el ascenso. Casos como el de Carlos Jiménez Gil Fortoul, quien habría pasado del puesto 57 al cuarto lugar por obtener la puntuación máxima en la nota de concepto, o José Antonio Doig Alberdi, quien habría subido del lugar 51 al décimo, ilustrarían la polémica.
Denuncias de favoritismo político
Funcionarios consultados por El Foco atribuirían las anomalías al favoritismo y señalarían vínculos políticos en los beneficiados. «Lo que está ocurriendo en la Cancillería es muy preocupante. Para ser ascendido, tienes que ser cercano al gobierno o al fujimorismo», habría citado el medio a un embajador en condición de anonimato. Otro funcionario habría denunciado una «dictadura del racismo», al observar patrones en los apellidos de quienes habrían logrado la promoción.
La Junta Calificadora habría estado conformada, además de Denegri Boza, por servidores como Jorge Raffo Carbajal, Roxana Castro Aranda, Augusto Salamanca Castro, Miguel Pérez del Solar Marcenaro y Luis Campana Boluarte, primo de la expresidenta Dina Boluarte. El temor a represalias habría llevado a muchos afectados a mantener la reserva, en un contexto donde los documentos internos llevarían marcas de agua para identificar a los responsables de las impresiones.
Al cierre del proceso, se habrían asignado 10 cupos para ascensos a embajador, 15 para ministros y 16 para ministros consejeros. El periodo de apelaciones habría concluido sin modificaciones en las notas y la resolución final aguardaría la firma del canciller Hugo de Zela, tras lo cual pasaría a Palacio de Gobierno para aprobación del presidente José Jerí. Hasta el cierre de esta nota, la Cancillería no habría emitido comentarios oficiales sobre las denuncias de irregularidades.