La Comisión Permanente blindó con votación unánime casos que involucran a Dina Boluarte, Patricia Benavides, Pedro Castillo y congresistas del ‘mochasueldos’
En una decisión que confirmaría el pacto de impunidad en el Congreso, la Comisión Permanente rechazó este miércoles 3 de septiembre los 23 pedidos de nulidad que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para anular procesos archivados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
La votación fue contundente: 20 votos a favor del rechazo, 0 en contra y apenas 2 abstenciones. Un mensaje claro para proteger a los investigados por corrupción.
Entre los casos blindados están las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, la exfiscal Patricia Benavides por cohecho y encubrimiento, el expresidente Pedro Castillo por peculado de uso, y diversos congresistas involucrados en el escándalo del ‘mochasueldos’.
Los 23 casos que el Congreso protege
La lista de la vergüenza incluye personajes que habrían cometido delitos graves:
- Patricia Benavides: Denunciada por cohecho pasivo, abuso de autoridad y encubrimiento personal. La SAC rechazó admitir la denuncia en julio de 2025.
- Luis Arce Córdova: Tres denuncias por enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y tráfico de influencias. El exfiscal supremo habría acumulado patrimonio injustificado durante sus funciones.
- Pedro Castillo: Dos denuncias por peculado de uso. El expresidente habría utilizado aeronaves militares para transportar familiares y allegados a eventos privados en Cajamarca.
- Dina Boluarte: Denunciada por el caso Rolex, archivado por la SAC en abril de 2025 pese a las evidencias presentadas.
- Congresistas del ‘mochasueldos’: Jorge Luis Flores Ancachi (Podemos), Rosio Torres Salinas, Nivardo Tello Montes y José Arriola habrían obligado a sus trabajadores a entregar porcentajes de sus sueldos.
El argumento del Congreso: «No existe en el reglamento»
Lady Camones, presidenta de la SAC, lideró la defensa argumentando que el reglamento parlamentario no contempla recursos de nulidad. «Pretender introducir incidentes semejantes a los de los procesos judiciales carece de sustento normativo», declaró la congresista de APP.
Alejandro Muñante (Renovación Popular) fue más directo: «Lo único que generan estos pedidos es entorpecimiento del trabajo parlamentario».
El presidente del Congreso, José Jerí, anunció que esta decisión será aplicada a futuras solicitudes similares, consolidando el blindaje institucional.
Los vicios denunciados por Espinoza
La fiscal de la Nación había identificado irregularidades graves en los procesos de la SAC:
- Participación de congresistas investigados por la fiscalía en las decisiones
- Excesos en el análisis legal que transgreden el reglamento parlamentario
- Falta de debido proceso en las evaluaciones
- Decisiones tomadas sin sustento técnico adecuado
En el caso de Luis Arce, por ejemplo, Espinoza advirtió que congresistas impedidos habrían participado en la calificación de la denuncia, viciando todo el procedimiento.
Voces expertas: ¿Autonomía o impunidad?
José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, respaldó la decisión: «El Parlamento tiene sus decisiones que, equivocadas o no, se tienen que respetar». Para él, la solicitud de Espinoza «va contra la autonomía que el Congreso tiene».
Pero Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios, fue categórico: «Acá hay un encubrimiento grosero. Con esto nos quieren decir: ‘¡Qué viva la impunidad!'».
Rospigliosi recordó que la SAC no está conformada solo por abogados y cuestionó: «¿Con qué idoneidad profesional pueden atreverse a decir si los hechos son delito o no?».