Operativo policial captura a 13 integrantes de organización criminal que habría emitido más de 35 mil brevetes fraudulentos con complicidad de autoridades regionales
Un operativo ejecutado la madrugada del 12 de diciembre permitió la captura de 13 personas acusadas de integrar la organización criminal ‘Los Intocables de Huacho’, quienes habrían comercializado licencias de conducir fraudulentas sin que los solicitantes cumplieran con los requisitos legales establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La intervención, realizada por efectivos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic-PNP), incluyó descerraje, allanamiento y detención preliminar de los presuntos cabecillas de esta red que habría operado desde 2018 con el respaldo de funcionarios y personal de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima (GRL).
Los detenidos son José Chávez Romero, Luz Penado Reynaga, Luis Aguilar Ramos, Manuel Farro Ruiz, Nilda Curioso Morales, Erasmo Ramírez Ayala, Abel Aramayo Villanueva, Geraldine Gonzales Hinostroza, Ángel Champa Paredes, Alberto Vidal Cóndor, Bridget Rímac Rorales, Francisco Vargas Valdéz y Christian Olivera Ventocilla, quienes enfrentan cargos por organización criminal, falsedad ideológica, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo y lavado de activos.
Sistema estructurado de falsificación de documentos
La investigación policial reveló que la organización habría desarrollado un sofisticado método para evadir los controles del sistema nacional de licencias de conducir. Utilizaban réplicas de huellas dactilares fabricadas en silicona, establecían acuerdos con escuelas de manejo autorizadas y centros de evaluación médica, además de contar con presunta colaboración de servidores públicos que habrían facilitado el ingreso de información falsa a las plataformas digitales del MTC.
El esquema delictivo permitía a los interesados obtener o renovar sus brevetes de distintas categorías (AI, AIIA, AIIB, AIIIA, AIIIB) sin cumplir con la capacitación presencial obligatoria, los exámenes teóricos, las evaluaciones prácticas de manejo ni las certificaciones médicas requeridas por ley.
Según datos proporcionados por la Dirnic-PNP, durante ocho años de actividad ilícita, esta red habría insertado aproximadamente 35 mil registros apócrifos en el sistema oficial, generando una grave amenaza para la seguridad de todos los usuarios de las vías públicas del país.
Radio de acción nacional con base en Huaura
Aunque la estructura principal de la organización se encontraba en la provincia de Huaura, específicamente en Huacho, donde operaban bajo la cobertura de establecimientos formalmente registrados como academias de conducción y clínicas de exámenes médicos, su alcance se extendía hacia otras localidades del norte chico, diversos distritos de Lima Metropolitana e incluso otras regiones del territorio nacional.
La presunta participación de funcionarios de la sede regional de transportes en Huacho habría sido fundamental para el éxito de las operaciones fraudulentas, permitiendo que el sistema funcionara sin mayores obstáculos durante años.
El general Manuel Lozada, jefe de la Dirnic, explicó que «las tarifas fluctuaban entre los S/2.00 y S/4,500 por cliente, dependiendo del tipo de trámite solicitado. Los integrantes de esta red se dedicaban a captar postulantes y gestionar de manera irregular la obtención, revalidación y recategorización ilícita de brevetes de todas las categorías».
Dos procedimientos diferenciados para cometer el fraude
Las autoridades identificaron que la banda operaba mediante dos mecanismos distintos para satisfacer la demanda de sus clientes:
El primer método implicaba la presencia física del solicitante, donde miembros de la organización se encargaban de gestionar fraudulentamente la aprobación de todos los requisitos: certificado médico, participación en talleres de sensibilización vial, examen teórico de conocimiento de normas de tránsito y evaluación práctica de habilidades de conducción.
El segundo procedimiento era completamente remoto y consistía en obtener únicamente las impresiones dactilares del interesado mediante moldes de silicona. Con esta información, terceras personas rendían las pruebas correspondientes suplantando la identidad del verdadero titular, quien finalmente recibía su licencia sin haber pisado ninguna institución educativa ni demostrado capacidad alguna para operar un vehículo.