El Parlamento aprobó la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral tras meses de crisis política y escándalos
En una sesión histórica que marca un nuevo capítulo en la convulsionada política peruana, el Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte como Presidenta de la República por permanente incapacidad moral. La votación alcanzó los votos necesarios para destituir a la mandataria, quien enfrentaba múltiples investigaciones fiscales y un rechazo popular sin precedentes.
La decisión se produce después de semanas de intenso debate político y presión social. El Parlamento evaluó diversas causales para la vacancia, centrándose finalmente en la permanente incapacidad moral contemplada en el artículo 113 de la Constitución. Los congresistas que promovieron la moción sustentaron su pedido en los múltiples escándalos que rodearon a la gestión de Boluarte, incluyendo el caso «Cofre», las acusaciones por enriquecimiento ilícito vinculadas a relojes de lujo, cirugías estéticas, y su cuestionado manejo de las protestas sociales.
Durante el debate previo a la votación, los promotores de la vacancia argumentaron que la presidenta habría perdido la idoneidad moral para ejercer el cargo debido a las graves denuncias en su contra. Señalaron que las investigaciones fiscales por presunta corrupción, sumadas a la crisis de gobernabilidad y el rechazo masivo de la población, configuraban un escenario de incapacidad para dirigir los destinos del país.
La votación se desarrolló en medio de expectativa nacional e internacional. Según la Constitución, para aprobar una vacancia presidencial se requieren 87 votos de los 130 congresistas. La moción habría alcanzado el número necesario de votos tras intensas negociaciones entre las diferentes bancadas parlamentarias, algunas de las cuales habrían condicionado su apoyo a garantías sobre el proceso de transición.
Con esta decisión, Dina Boluarte se convierte en la segunda presidenta vacada por el Congreso en los últimos años, después de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Su salida pone fin a un gobierno de apenas meses que estuvo marcado por la ilegitimidad, los escándalos de corrupción y la imposibilidad de generar consensos políticos mínimos para la gobernabilidad del país.
Conforme a lo establecido en la Constitución, ante la vacancia de la presidenta y la ausencia de vicepresidentes, correspondería al presidente del Congreso asumir la jefatura del Estado de manera transitoria hasta que se defina el mecanismo constitucional correspondiente. Esta situación genera un nuevo escenario de incertidumbre política en un país que arrastra una profunda crisis institucional.
Analistas políticos señalan que esta vacancia era previsible ante el deterioro acelerado de la imagen presidencial y la creciente presión social que exigía su salida. Sin embargo, advierten sobre los riesgos de ingobernabilidad que enfrenta el Perú ante la ausencia de liderazgos sólidos y la fragmentación política del Congreso.
Las reacciones no se hicieron esperar en todo el espectro político, con sectores que celebran la decisión del Parlamento y otros que cuestionan el uso recurrente de la figura de la vacancia presidencial. Los próximos días serán determinantes para conocer cómo se desarrollará el proceso de transición y quién asumirá la conducción del país en este crítico momento.