El proyecto buscaría criminalizar la difusión de chats y correos que expongan corrupción, protegiendo a funcionarios públicos de ser fiscalizados por la ciudadanía
El Congreso de la República volvió a poner en debate una controvertida iniciativa que representaría un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho ciudadano de conocer la verdad. El proyecto, conocido como «ley mordaza», buscaría sancionar penalmente a periodistas que difundan mensajes privados, chats de WhatsApp o correos electrónicos que expongan actos de corrupción o irregularidades de funcionarios públicos.
La propuesta, presentada por el congresista José Elías Ávalos (Podemos Perú), pretendería modificar el artículo 164 del Código Penal para convertir en delito la publicación de comunicaciones digitales que «pudieran causar perjuicio a terceros», incluso cuando sean de interés público. Esto significaría que un periodista podría enfrentar sanciones de hasta 150 días de multa por revelar información que la ciudadanía tiene derecho a conocer.
Durante el debate en la Comisión de Justicia, varios congresistas habrían mostrado una actitud hostil hacia la prensa libre. La congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) habría propuesto endurecer las sanciones, cuestionando si «tan poco vale el nombre y la honorabilidad» de los funcionarios, como si estos estuvieran por encima del escrutinio público.
Alejandro Muñante (Renovación Popular) habría sido aún más directo al declarar que es necesario poner un «estate quieto» a los medios que, según su criterio, afectan la imagen de las personas «publicando alegremente» conversaciones privadas. Esta declaración evidenciaría el verdadero propósito detrás de la iniciativa: silenciar a la prensa que incomoda al poder.
El ataque sistemático a la transparencia
Lo más grave de esta propuesta es que buscaría blindar a funcionarios públicos precisamente cuando más cuestionados están. Recordemos que los chats «La Botica» y «Mototaxi» permitieron destapar graves redes de corrupción que involucraban a altos funcionarios del Estado. ¿Acaso estos casos no habrían sido de interés público?
El presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), habría revelado sin tapujos la mentalidad autoritaria detrás de esta norma al declarar que «ahora está de moda perseguir al funcionario público» y que «toda información del funcionario público se vuelve pública». Esta afirmación demuestra un preocupante desconocimiento del concepto básico de servicio público: quien ejerce un cargo público debe estar sometido al escrutinio ciudadano.
Los ciudadanos tenemos derecho a la verdad
Como ciudadanos peruanos, no podemos permitir que nos arrebaten nuestro derecho fundamental a estar informados. Cuando un funcionario público comete irregularidades, cuando se destapan redes de corrupción, cuando se evidencian actos que afectan el patrimonio del Estado, la ciudadanía tiene el derecho constitucional de conocer estos hechos.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha advertido que esta norma «criminalizaría la actividad periodística» y tendría un efecto amedrentador sobre las investigaciones. Esto no es casualidad: el objetivo real sería generar autocensura en los medios para que no se atrevan a investigar ni denunciar.
Una cortina de humo para ocultar la realidad del país
Esta «ley mordaza» llegaría en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa múltiples crisis y cuando la corrupción se ha enquistado en diversos niveles del Estado. ¿No resulta sospechoso que precisamente ahora quieran limitar las herramientas que permiten a la ciudadanía conocer lo que realmente sucede?
El abogado penalista Roberto Pereira ha señalado acertadamente que estas medidas buscan «acallar a los periodistas» y que representan un ambiente hostil que se ha acentuado contra la prensa. Según explicó, las autoridades no habrían entendido que al llegar a un cargo público deben estar sometidos a control por parte de la prensa y la ciudadanía.
El Poder Judicial como cómplice silencioso
Pereira también habría cuestionado al Poder Judicial por aprobar de manera «mecánica» las querellas de funcionarios contra periodistas, cuando la mayoría de estas denuncias «carecen absolutamente de fundamentos y deberían ser rechazadas de plano». Esto evidenciaría una coordinación entre poderes del Estado para hostigar a la prensa libre.
La resistencia ciudadana como única salida
Afortunadamente, las advertencias del Tribunal Constitucional y la presión de diversos sectores habrían logrado que el proyecto pase a cuarto intermedio. Sin embargo, esto no significa que la amenaza haya desaparecido. Los congresistas que impulsan esta norma seguirán insistiendo hasta encontrar la fórmula para aprobarla.
Como ciudadanos, no podemos ser espectadores pasivos de este ataque sistemático a nuestro derecho a la información. Merecemos conocer la verdad sobre cómo se maneja nuestro país, sobre los actos de nuestros gobernantes, sobre el destino de nuestros impuestos. No merecemos que nos oculten información ni que nos mantengan en la ignorancia.
La transparencia no es un favor que nos hacen los funcionarios públicos: es nuestro derecho constitucional. Y cuando intentan arrebatárnoslo a través de leyes represivas, debemos alzar la voz y defender lo que por derecho nos corresponde.
Porque al final del día, la verdad no se negocia, y esta boca no la calla nadie cuando se trata de defender el derecho del pueblo peruano a estar informado. La libertad de prensa no es solo un derecho de los periodistas: es el derecho de todos los ciudadanos a conocer la realidad de su país, sin censura, sin ocultamientos y sin mentiras.