Informe final revela graves irregularidades en contrataciones de personal femenino y sugiere estructura informal de corrupción
El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que sería debatido este miércoles bajo la presidencia de Juan Burgos (Podemos Perú), habría revelado un panorama preocupante sobre las prácticas internas del Parlamento peruano.
Según el documento, aunque «no se habría evidenciado la existencia» de una red de prostitución, sí se habría identificado «un festín de contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial femenino», lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto que el informe califica como «sensual y sexista».
El texto señala que estos hechos habrían incurrido en el tipo penal contemplado en el artículo 381 del Código Penal, reiterando que se habrían identificado «graves indicios de vulneración al principio de probidad en los procesos de contratación, nombramiento, encargatura y aceptación ilegal de cargos».
Estructura informal de corrupción
Uno de los hallazgos más graves del informe sería la identificación de lo que denominan una «estructura informal dentro del Congreso», mediante la cual ciertas contrataciones habrían sido direccionadas desde la Jefatura de la Oficina Legal y Constitucional en presunta connivencia con altos funcionarios administrativos.
Este circuito de decisiones habría actuado al margen de la transparencia y los controles previstos por el ordenamiento jurídico vigente, situación que según el informe ameritaría ser investigada por las autoridades competentes.
El caso Andrea Vidal
Respecto al homicidio de Andrea Vidal, caso que actualmente se encuentra en investigación, el informe indica que su conducta correspondería al ámbito estrictamente personal y carecería de conexión directa con funcionarios o personal del Congreso. «Razón por la cual, aun en una hipótesis ampliada, se trataría de hechos ajenos a la institución parlamentaria», remarca el documento.
Recomendaciones y nuevas investigaciones
El informe recomienda enviar copia de todo lo actuado a la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, para que prosigan con las investigaciones pertinentes respecto de los hechos materia de indagación.
Entre las investigaciones adicionales que se sugieren incluir se encuentran las denuncias por presunta pérdida de equipos móviles presentadas por Isabel Cajo y otros indagados, así como las renuncias presentadas por miembros de la Comisión investigadora que había sido nombrada para investigar a Jorge Luis Torres Saravia.
Congresista Martínez Talavera en la mira
El informe también pide incluir en la investigación fiscal a congresistas involucrados con las personas comprendidas en la indagación, en especial la contratación de Isabel Cajo Salvador por parte del congresista Edwin Martínez Talavera, quien habría hecho «una cerrada defensa para su contratación y permanencia» en su despacho congresal.
Finalmente, el documento considera importante solicitar a la Mesa Directiva la evaluación y posible restitución del Estatuto Parlamentario, suspendido en enero de 2018, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los procesos de contratación de personal parlamentario.