Subcomisión recomienda llevar a juicio político al expresidente y exministra por presunto delito de concusión en el caso ‘Vacunagate’
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti por el presunto delito de concusión, relacionado con la aplicación irregular de vacunas experimentales contra el covid-19 durante 2020.
La decisión fue adoptada con 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Según el documento aprobado, ambos exfuncionarios habrían aprovechado sus posiciones de poder para acceder indebidamente a dosis del ensayo clínico de Sinopharm, vulnerando el protocolo de investigación establecido.
Detalles de las acusaciones
En el caso del expresidente Vizcarra, se le atribuye haber solicitado vacunas experimentales para él y su entorno cercano mientras ejercía como jefe de Estado. Por su parte, a la exministra Mazzetti se le imputa un comportamiento similar cuando asumió la dirección del Ministerio de Salud.
El delito de concusión se configura cuando un funcionario público se aprovecha de su posición para exigir o recibir beneficios indebidos. Según el informe de la SAC, ambos habrían utilizado su poder para obtener dosis fuera del protocolo oficial, lo que violaría el principio de igualdad ante la ley.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la aprobación del informe, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá remitir el expediente a la Comisión Permanente del Congreso, instancia que decidirá si se forma una subcomisión acusadora para sustentar el caso ante el Pleno del Parlamento.
Durante la misma sesión, la SAC también archivó otras denuncias relacionadas con distintos casos pendientes.
El escándalo ‘Vacunagate’
El caso ‘Vacunagate’ estalló públicamente en 2021, cuando se reveló que más de 400 personas, entre funcionarios públicos, familiares y allegados al poder, habrían recibido dosis experimentales de Sinopharm antes del inicio de la campaña nacional de inmunización.
Este escándalo provocó la renuncia de Pilar Mazzetti como ministra de Salud y la destitución de la entonces canciller Elizabeth Astete, quien también había sido vacunada de manera irregular. El caso generó indignación nacional en un momento crítico de la pandemia, cuando miles de peruanos esperaban acceder a las vacunas.
La acusación constitucional representa un paso importante en la búsqueda de responsabilidades por este caso que marcó un punto de quiebre en la confianza ciudadana hacia las autoridades durante la emergencia sanitaria.