Fiscalía anticorrupción de Pasco detiene a funcionaria porque habría exigido más de S/.2,000 a interno
La Fiscalía Anticorrupción de Pasco realizó una intervención oficial en el Establecimiento Penitenciario de Cochamarca, donde una trabajadora del área de psicología habría sido detenida por el presunto delito de cohecho pasivo propio al exigir un monto económico a un interno a cambio de otorgarle un beneficio penitenciario.
Según informó la fiscal Jaqueline Criollo, la funcionaria se encontraría detenida por haber recibido inicialmente la suma de 700 soles de los más de S/.2000 soles que habría exigido al interno. La autoridad del Ministerio Público confirmó que las diligencias continuarán en las siguientes horas para esclarecer completamente los hechos.
Esta intervención oficial confirma presuntos actos de corrupción al interior del penal Cochamarca, donde se denunciaba la participación de varios funcionarios, incluyendo a Yesenia Albornoz Cristóbal como psicóloga del establecimiento, junto a Cesar Victor Ninahuanca Palacios (Jefe de la Oficina Técnica de Tratamiento), Mery Espinoza Barzola (asistente social) y Jhonny Catalia Rivera (secretario).
La denuncia inicial habría sido presentada por Apóstol Rivera Rucio, interno del Pabellón 2-A en régimen cerrado, quien habría puesto en conocimiento de las autoridades las irregularidades que se estarían cometiendo al interior del establecimiento penitenciario ubicado en el distrito de Vicco, región Pasco.
El modus operandi habría consistido en exigir pagos a los internos a cambio de beneficios penitenciarios o facilidades dentro del régimen carcelario. La intervención de la Fiscalía Anticorrupción confirma que estas prácticas estarían siendo investigadas con el rigor que amerita el caso.
Esta situación expone una vez más los graves problemas estructurales del sistema penitenciario nacional. Según estadísticas oficiales, más de 400 funcionarios públicos han sido detenidos por corrupción en la primera mitad de 2024 en el país, evidenciando la magnitud del problema que aqueja a las instituciones del Estado.
El exdirector del INPE, Germán Small Arana, ha advertido recientemente que existe una «corrupción generalizada» en el sistema penitenciario nacional, señalando que «no podría haber fugas sin ayuda y cooperación de empleados» y recomendando que el personal administrativo debería rotar cada tres o seis meses para evitar su «mimetización» con los internos.
En casos similares documentados este año, como el detectado en el penal de Huancayo donde 30 personas fueron detenidas por facilitar el ingreso de drogas, se evidencia un patrón sistemático donde funcionarios penitenciarios se asocian con redes criminales internas para obtener beneficios económicos ilícitos.
China Polo Dominical continuará siguiendo de cerca este caso y exige a las autoridades del INPE que realicen una investigación exhaustiva para determinar si existen más funcionarios involucrados en esta presunta red de corrupción que habría operado en el penal Cochamarca.
Los ciudadanos peruanos merecen un sistema penitenciario transparente, donde la rehabilitación de los internos no se vea empañada por actos de corrupción que perpetúan la impunidad y debilitan el Estado de Derecho.