Organismo internacional condenaría iniciativa que beneficiaría a militares y policías involucrados en casos del conflicto armado interno
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habría emitido un comunicado en el que rechaza de forma rotunda el proyecto de ley que propondría conceder amnistía a policías, militares, comités de autodefensa y funcionarios del Estado que estarían involucrados en casos del conflicto armado interno (1980-2000), ya sea por falta de sentencia firme o por tener más de 70 años.
«Serían inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción o que excluyen de responsabilidad para impedir la investigación y sanción de los responsables de desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales», señalaría el comunicado de la CIDH, subrayando que ninguna norma podría obstaculizar la justicia en crímenes graves.
El proyecto habría sido aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Según sus impulsores, liderados por congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, la norma buscaría poner fin a procesos judiciales prolongados y reconocer la labor de quienes, según ellos, habrían defendido al país en la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, la CIDH advertiría que esta iniciativa chocaría con estándares internacionales ratificados por el país. En particular, haría eco de sentencias en casos como Barrios Altos, en el que la Corte Interamericana habría declarado que las leyes de amnistía que impedirían investigar, juzgar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos serían inadmisibles.
El organismo internacional habría solicitado al Estado peruano que «derogue los artículos de la reforma aprobada que sean contrarios a estándares interamericanos sobre derechos humanos».
Congreso Habría Aprobado la Ley de Manera Exprés
Cerca de la medianoche del último jueves, el Pleno del Congreso habría dado luz verde, en primera votación, a la controvertida ley de amnistía destinada a beneficiar a miembros de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Policía Nacional que estarían investigados o condenados por delitos cometidos durante el periodo del conflicto armado interno.
La norma habría sido incluida en la agenda del Pleno de forma acelerada, gracias a un acuerdo en la Junta de Portavoces, y pasó de ser un proyecto a un dictamen aprobado en menos de tres días.
El principal promotor de esta medida habría sido el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, quien justificaría la norma afirmando que los procesos judiciales serían demasiado extensos y que con esta ley se buscaría acabar con lo que calificaría como una persecución injusta contra los efectivos.
Organismos nacionales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y congresistas de oposición, como Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) habrían advertido que la amnistía podría impedir justicia para las víctimas. Además, señalarían que la falta de precisión en la definición de hechos vinculados al terrorismo crearía un marco de impunidad latente.
Por su parte, la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) habría advertido a través de sus redes sociales que esta ley podría abrir la puerta a la impunidad en casos emblemáticos como Cashahui, Manta y Vilca, El Frontón, Putis, Accomarca, Cayara, entre otros, en los que efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Nacional habrían sido responsables de crímenes graves.
