Maniobra jurídica de la expresidenta destituida busca que el Poder Judicial declare nulo el proceso del Congreso por presunta violación al debido proceso
Señores y señoras, apenas un mes después de ser sacada de Palacio de Gobierno con 122 votos del Congreso, Dina Boluarte Zegarra habría activado su estrategia legal más audaz: presentó el pasado 21 de noviembre un recurso de amparo ante el Poder Judicial exigiendo que se declare nulo todo el proceso de vacancia que la sacó del poder el 10 de octubre.
El abogado Joseph Campos confirmó a medios nacionales la presentación de este recurso constitucional que busca tumbar la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR, aquella que declaró su «incapacidad moral permanente» y la removió del cargo presidencial. La defensa de Boluarte argumenta que se habrían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, y al honor y buena reputación.
Recordemos que Boluarte fue vacada luego que cuatro mociones parlamentarias coincidieran en señalar múltiples irregularidades durante su gestión: presuntos actos de corrupción que estarían siendo investigados, abandono del cargo presidencial sin explicación clara a la ciudadanía, uso cuestionable de viajes oficiales que habrían beneficiado intereses personales, incapacidad demostrada para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana que azota al país, y supuestas intervenciones estéticas realizadas en pleno ejercicio del cargo.
La estrategia legal: «Solo 56 minutos de defensa»
La jugada jurídica de la expresidenta se centra en un argumento procedimental: según su defensa, el Congreso habría acumulado las cuatro mociones de vacancia y las debatió hasta altas horas de la noche del 9 de octubre. Luego, a las 11:30 PM de ese mismo día, convocaron a Boluarte para que se presente al Hemiciclo en menos de una hora.
Para su defensa legal, esto constituiría lo que califican como una «grosera violación» al derecho de defensa. Argumentan que 56 minutos serían insuficientes para responder adecuadamente a cuatro acusaciones graves acumuladas.
Pero aquí surge una pregunta que muchos ciudadanos se hacen: ¿Acaso no había tiempo suficiente para preparar respuestas cuando las denuncias venían acumulándose durante meses? ¿Por qué esperar hasta las 11:30 PM para tener lista una defensa sobre hechos que ya eran de conocimiento público?
La estrategia legal invoca los precedentes del caso del expresidente Pedro Castillo, cuando el Tribunal Constitucional estableció estándares para evitar que las vacancias presidenciales se conviertan en «meras narrativas» sin sustento. La defensa sostiene que el Parlamento habría ignorado estos estándares constitucionales al aplicar el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, que permite declarar la vacancia en un solo día si se obtiene cuatro quintas partes de votos.
El efecto más polémico: ¿Volvería Boluarte a ser presidenta?
Aquí viene lo que realmente tiene en alerta a la opinión pública. El recurso de amparo solicita explícitamente que se «retrotraiga» todo al estado anterior a la vulneración. En lenguaje simple: que las cosas vuelvan a como estaban antes del 9 de octubre, cuando Boluarte aún era presidenta.
Joseph Campos, el abogado defensor, intentó matizar este punto en declaraciones a la prensa. Aseguró que el objetivo principal no sería reponer a su clienta en Palacio de Gobierno, sino limpiar su nombre de la etiqueta de «incapacidad moral permanente». Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si Boluarte regresaría al cargo si el amparo se resuelve favorablemente antes de las elecciones 2026, Campos no pudo negarlo.
«Tendría que volver, pero no hay ningún drama», habría declarado el abogado, argumentando que José Jerí simplemente regresaría a su posición como presidente del Congreso, puesto que nunca dejó de ser congresista. Para Campos, la situación solo sería diferente si ya existiera un nuevo presidente electo en urnas.
Pero señores, señoras, ¿realmente no habría ningún drama? Estamos hablando de revertir una decisión del Congreso respaldada por 122 votos de representantes elegidos por el pueblo. Estamos hablando de devolver el poder a quien fue declarada incapaz moralmente de ejercerlo.