Exministra después quedar libre por fallo del TC ahora enfrenta impedimento de salida del país
El Ministerio Público ratificó este viernes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por los presuntos delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos.
Durante la audiencia del 12 de septiembre, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza Salvador reafirmó que Vizcarra habría cometido dos hechos ilícitos relacionados con su empresa familiar CyM Vizcarra y sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
El primer delito: Negar vínculos con Odebrecht
La fiscalía sustentó que el delito de falsedad genérica se configuró el 9 de enero de 2019, cuando el entonces presidente negó en conferencia de prensa que su empresa familiar CyM Vizcarra haya sido proveedora de Odebrecht entre 2006 y 2008 para la construcción de la carretera Interoceánica Sur.
Sin embargo, apenas cuatro días después, el 13 de enero de 2019, un reportaje del programa «Panorama» evidenció que CyM Vizcarra sí habría sido proveedora del consorcio Conirsa (integrado por Odebrecht en un 70%, Graña y Montero en 19%, JJContratistas e ICCGSA) por aproximadamente 300 mil soles entre 2006 y 2008.
«Se infiere que en la conferencia de prensa del 9 de enero, Martín Alberto Vizcarra Cornejo habría alterado la verdad intencionalmente mediante palabras ocasionando perjuicio a la imagen institucional de la Presidencia de la República», expuso el fiscal Mendoza.
La situación se agravó cuando el 20 de enero de 2019, en entrevista con «Punto final», el entonces mandatario reconoció que su empresa sí realizó trabajos para la construcción de la vía a través del consorcio Conirsa S.A., contradiciendo así sus declaraciones previas.
El segundo delito: Mentir sobre fechas de renuncia
El segundo cargo por falsedad genérica se configuró cuando Vizcarra afirmó en esa misma entrevista del 20 de enero que había renunciado oficialmente a su empresa el 23 de marzo de 2018.
No obstante, la fiscalía determinó que su revocatoria como gerente de Operaciones y vicepresidente del directorio de CyM Vizcarra fue acordada por la junta de accionistas recién el 4 de junio de 2018 y se inscribió en Registros Públicos el 17 de agosto de ese año.
El tercer cargo: Omisión en declaración jurada
En cuanto al delito de omisión, el magistrado refirió que Vizcarra no informó en su declaración jurada de intereses del 30 de octubre de 2018 que hasta el 4 de junio de ese año había sido directivo de su empresa, pese a estar obligado por ley a hacerlo.
Según la denuncia, el expresidente habría actuado «de manera deliberada» para «evitar informar con veracidad aspectos de los cargos directivos que ostentó».
La defensa de Vizcarra: Diferencias técnicas
Durante la sesión, Vizcarra aseguró que la empresa CyM Vizcarra «nunca ha proveído un servicio a la empresa Odebrecht» y admitió que sí alquiló maquinarias para Conirsa, pero argumentó que al tratarse de un consorcio se trata de una razón social distinta.
«Varios meses se les dio la maquinaria que requerían, pero es a Conirsa, que es una empresa que tiene personería jurídica propia. Entonces, a la pregunta concreta y puntual sobre si CyM ha dado servicios a Odebrecht, la respuesta es no y lo ratifico», indicó.
Sobre el segundo delito, declaró que rompió su vínculo laboral de CyM en 2010 tras convertirse en gobernador regional de Moquegua. «No volví a trabajar en CyM Vizcarra, pero mantenía mis acciones y eso no está prohibido por ley», dijo.
Renuncia al antejuicio sin efecto legal
El expresidente anunció que renunciaba a su derecho al antejuicio político para «ahorrarle tiempo» a la subcomisión. «Les evito ese esfuerzo, ese tiempo y, directamente, procedan a decirle al Ministerio Público que continúe con la investigación», declaró.
Sin embargo, la presidenta de la SAC, Lady Camones (APP), señaló que no se trata de un mecanismo previsto en el reglamento ni el Código Penal, por lo que el procedimiento debe continuar. «El único órgano que puede expedir la resolución legislativa que ordene el levantamiento del antejuicio es el pleno del Congreso», expuso.
Vizcarra se acogió al derecho de guardar silencio y no respondió preguntas. Tras la audiencia, Camones otorgó un plazo de cinco días hábiles para que Jorge Montoya, el delegado del caso, entregue el informe final de esta denuncia.
Contexto: Libertad tras anulación de prisión preventiva
Cabe resaltar que la semana pasada, Vizcarra salió en libertad luego que el Poder Judicial anulara los cinco meses de prisión preventiva que recibió en agosto por las presuntas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua.
Otras denuncias admitidas
La subcomisión también admitió a trámite la denuncia contra la fiscal de la nación, Delia Espinoza, por presunta infracción a la Constitución y los posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato, formulada por la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú).
Asimismo, Ana Zeballos (Somos Perú) fue designada como delegada de la denuncia contra Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, solicitando la inhabilitación de 10 años para el expresidente.