La Fiscalía de la Nación habría abierto investigación preliminar contra la parlamentaria de Acción Popular por presunto cohecho pasivo tras audio filtrado
La Fiscalía de la Nación habría iniciado una investigación preliminar contra la congresista de Acción Popular, Hilda Portero, por el presunto delito de cohecho pasivo propio. La investigación se centraría en hechos ocurridos el 11 de junio del 2022, cuando la parlamentaria presidía la Comisión Hambre Cero del Congreso de la República.
Los hechos investigados
Durante una sesión descentralizada en Ferreñafe (Lambayeque), la congresista Portero habría presentado a Rosa Nelly Urbina Novoa, presidenta de la Cámara Peruana de Fertilizantes y Productos Orgánicos (Capefo Perú). En dicha actividad se habrían repartido sacos de fertilizante orgánico entre los asistentes.
Según la disposición fiscal obtenida por un medio local, la parlamentaria habría permitido presuntamente que la empresaria realizara la venta de sus productos durante la actividad parlamentaria, a cambio de un presunto incentivo económico.
El audio comprometedor
La investigación se basaría en un audio entregado por un Testigo Protegido (Código TP 02-88-2024/AEIDC) a la fiscalía, donde se escucharían a dos personas que trabajaban como personal parlamentario de la Comisión Hambre Cero comentando los hechos.
De acuerdo al acta de transcripción de octubre del 2024, durante el evento del 11 de junio, la congresista habría indicado a su personal de nombre «Miguel» que dejara de grabar la actividad, supuestamente para que no quedara registrada la presunta venta de productos.
Posteriormente, según la hipótesis fiscal que cita el audio, «la empresaria Urbina Novoa (sindicada en el audio como ‘flaquita’) se habría acercado a la parlamentaria Portero López y le habría dicho: ‘No te preocupes, ah, acá ya está tu parte asegurada'», lo que correspondería a un presunto beneficio económico.
Conexiones empresariales
Las investigaciones revelarían que el fertilizante supuestamente llevado como «donación» portaba el logo y dirección de la empresa Green Trade Company S.A.C, sociedad que estaría constituida por familiares de Urbina Novoa.
Rosa Nelly Urbina Novoa sería una visitante frecuente de los despachos de congresistas de Acción Popular y de las oficinas de la bancada desde el 2022, según el reporte de visitas electrónicas del Congreso.
La defensa de Portero
A través de su abogado José Luis Francia, la congresista habría presentado una tutela de derecho ante el Poder Judicial para que se ordene al Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación que «excluya definitivamente» el acta fiscal que contiene la información del audio.
La defensa argumentaría que se estarían vulnerando los derechos fundamentales del debido proceso y el derecho de legitimidad de la prueba, pues los interlocutores del audio no habrían autorizado la grabación.
Testimonios clave
Los exservidores parlamentarios Marie Emely Silva Uriarte y Jean Carlos Gallegos Fernández habrían reconocido sus voces en el audio ante la fiscalía. Silva Uriarte habría autorizado el uso del audio para las investigaciones.
Gallegos Fernández habría confirmado ser la «voz masculina 1» del audio, aunque manifestó no recordar el contexto de la conversación ni a quién se referían como la «flaquita».
Versión de la empresaria
Rosa Nelly Urbina Novoa habría negado haber realizado ventas con la anuencia de la congresista. La empresaria habría indicado que su participación fue por invitación formal y que solo se habrían realizado donaciones de productos.
Sin embargo, habría reconocido que su hijo mayor tiene la empresa Green Trade Company y que productos de esta fueron repartidos durante el evento.
El patrón en Acción Popular
Hilda Portero formaría parte de la extensa lista de congresistas de Acción Popular que estarían siendo investigados por la Fiscalía de la Nación. Hasta la fecha, cerca de 15 parlamentarios de dicho partido habrían sido incluidos en los casos conocidos como «Los Niños» 1 y 2, así como «Mochasueldos».
Estado actual
La investigación, iniciada en febrero del 2025, se habría mantenido en reserva hasta que la congresista presentó la tutela de derechos en julio. El caso continuaría en desarrollo mientras se evalúan los recursos legales presentados por la defensa.