Jesús Maldonado plantea deshacinamiento carcelario liberando internos graves tras visitar penal de Lurigancho junto al presidente Jerí
En medio del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí frente a la ola delincuencial que azota Lima Metropolitana y el Callao, el alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, presentó una propuesta que genera polémica: liberar a los presos con enfermedades graves o terminales.
El burgomaestre del distrito más golpeado por las extorsiones señaló que el mandatario estaría evaluando la medida como parte de un plan de deshacinamiento en las cárceles del Perú.
La cruda realidad del penal de Lurigancho
En conversación con La República, Maldonado detalló que durante su visita al penal de Lurigancho pudo observar las duras condiciones en las que viven muchos internos. «Creo que una cosa es leer un diagnóstico y la otra es estar en el lugar de los hechos. Cuando hemos ingresado al Pabellón 3, había unas personas en sillas de ruedas en total abandono. Cuando digo abandono es abandono, pero una descripción casi inhumana porque deduzco que tenían algún tipo de enfermedad», expresó.
La visita se realizó junto al presidente José Jerí y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, como parte de las acciones del estado de emergencia contra la criminalidad.
La polémica propuesta: liberación humanitaria
Tras esa experiencia, el alcalde planteó evaluar la liberación de reclusos de avanzada edad o con enfermedades terminales que no representen un riesgo para la sociedad.
«Estábamos en un pabellón donde los reos no son de alta peligrosidad, son reos que están pagando sus culpas. Esas personas que ya han pagado una parte de su culpa, que ya no significan un peligro para la sociedad, son personas que probablemente lo que más necesitan es el espacio para descansar en paz. Podrían ser considerados para que puedan salir, terminar sus penas en el hogar, si es que les queda, y deshacinar en un pequeño porcentaje algunos de los pabellones», indicó Maldonado.
El alcalde también expresó que José Jerí muestra el liderazgo que tanto necesitaba el Perú en estos momentos críticos.
¿Qué tan viable es la medida?
El especialista en seguridad ciudadana, José Manuel Saavedra Molina, consideró que la propuesta del alcalde de liberar a los presos con enfermedades graves o terminales es buena, siempre que se establezcan filtros legales y médicos rigurosos.
«Para que no se liberen presos que inventen alguna enfermedad. Habría que ver cuanta gente de ese perfil existe en los penales. Tiene que ser considerada una edad avanzada y una enfermedad, digamos de carácter irreversible. No se le puede dar a todos. No para robo agravado, extorsión con muerte», explicó.
El especialista precisó que la implementación de esta propuesta recaería en el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, y posiblemente requiera un debate legislativo. Además, recordó que este tipo de medidas ya se ha aplicado en otros países como Colombia y Brasil, donde en algunas ocasiones las autoridades priorizaron la salida humanitaria de reclusos enfermos para aliviar el hacinamiento carcelario.
El drama de San Juan de Lurigancho: epicentro de las extorsiones
Los vecinos de San Juan de Lurigancho son los más afectados de Lima con las extorsiones, uno de los delitos que más ha aumentado en los últimos años, pasando de 49 denuncias en 2019 a más de 1,174 en lo que va del 2025.
Aunque desde su posición como burgomaestre, Maldonado no tiene mayores competencias que el orden de los espacios públicos y la prevención, mencionó algunas medidas adicionales que impulsa para que el Gobierno las considere.
Otras propuestas contra el crimen organizado
Congelamiento de cuentas hasta tercer grado
El alcalde propuso al presidente el congelamiento de las cuentas y propiedades de los delincuentes hasta el tercer grado de consanguineidad. «En mi distrito hay familias de organizaciones delictivas que llevan décadas dedicándose a la actividad delictiva», sostuvo.
El experto Saavedra coincidió en que es una acción necesaria para frenar el flujo económico del crimen organizado. «Tiene que hacerse un trabajo de inteligencia para saber cómo estás personas de un momento a otro aparecen con edificios, saunas, hoteles, con gimnasios, que son fachadas, producto de lavado de activos. Me parece adecuado y no solamente para los familiares, recordemos que ellos usan testaferros, gente que pone su nombre y con eso son una fachada», agregó.
Registro obligatorio de extranjeros
Otra medida es la creación de un registro de extranjeros que esté presente en las comisarías y que incluya la cantidad de indocumentados por distrito, junto con información sobre la actividad económica en la que se desempeñan y la ubicación de su vivienda.
«Es una propuesta que al final no aterrizó ni siquiera en la discusión, no fue considerada. Se la voy a trasladar nuevamente al presidente Jerí para ver si por lo menos puede considerar algunas bondades de ello», refirió el burgomaestre.
Saavedra consideró que la propuesta podría mejorar el control migratorio del país. «Eso se hace en España. Cuando llegas, lo que haces es vas a la comisaría de dónde vas a vivir y declaras tu domicilio. La Policía va y hace una verificación domiciliaria. Eso en el Perú no está implementado y sería importante para saber dónde viven los extranjeros, cuántos viven, a qué se dedican, porque si un extranjero llega a Perú tiene que tener un trabajo», expresó.
Privatización de pabellones de alta seguridad
Finalmente, Maldonado presentó una propuesta ante el Ejecutivo para que la administración de los pabellones de alta seguridad en los penales de Lima y Callao estén bajo el mando de empresas privadas, tras argumentar que la gestión privada ha mostrado mayor eficacia que la pública en varios campos.
El especialista indicó que se debería evaluar cómo operaría y cuánto costaría el mantenimiento de un reo en Perú. «Estamos hablando de unos 6,000 a 8,000 dólares por reo al año. Es una cifra que multiplicándola por la población carcelaria que hay en cada penal podrías ver cuál sería el costo beneficio. En Estados Unidos, participan las empresas de seguridad en el control de los penales», comentó.