La delincuencia ya no respeta ni a los niños: familias de San Juan de Lurigancho reciben amenazas directas por WhatsApp exigiendo cupos para no atacar planteles escolares
¿Hasta dónde vamos a permitir que llegue esto, señores? La extorsión en el Perú ha cruzado una línea que jamás debió cruzarse: ahora los criminales están amenazando directamente a padres de familia para que paguen cupos, advirtiendo que si no lo hacen, atacarían los colegios y atentarían contra sus propios hijos. Esta es la realidad que están viviendo familias enteras en San Juan de Lurigancho, donde el miedo se ha apoderado de la comunidad educativa.
Padres aterrorizados: «O paga la multa o vamos por su familia»
El colegio nacional José Carlos Mariátegui 152, ubicado en San Juan de Lurigancho, se ha convertido en el nuevo objetivo de las bandas de extorsionadores que operan sin ningún tipo de control en Lima. Al menos cinco familias de este plantel denunciaron haber recibido mensajes intimidatorios por WhatsApp, donde los delincuentes les exigen el pago de sumas de dinero bajo una amenaza que helaría la sangre a cualquier padre o madre.
«O usted verá si paga la multa o vamos por su familia», decía uno de los mensajes que recibieron los padres. ¿Se imaginan el terror de leer esto cuando tienen a sus hijos asistiendo a clases todos los días? Más de mil estudiantes acuden diariamente a este colegio en dos turnos, y ninguno de ellos estaría seguro mientras estas amenazas sigan sin respuesta.
Lo más indignante del caso es que, a pesar de la gravedad de la situación, la dirección del colegio informó a los padres que las clases presenciales continuarían con normalidad. ¿Por qué? Porque hasta el momento no habrían recibido ninguna disposición oficial de la UGEL 05 para suspender actividades. Es decir, mientras las autoridades educativas se toman su tiempo en «evaluar la situación», los niños seguirían expuestos al peligro.
Estado de emergencia sin policías: ¿dónde está la protección?
Aquí viene lo que realmente indigna, señores: San Juan de Lurigancho se encuentra bajo estado de emergencia, supuestamente con mayor presencia policial para garantizar la seguridad de la población. Pero cuando los padres se reunieron a las puertas del colegio José Carlos Mariátegui 152, exigiendo protección para sus hijos, ¿saben qué encontraron? NINGÚN policía. Así como lo leen: ni un solo efectivo policial custodiando un colegio que habría sido amenazado con un ataque.
«No hay seguridad ni confianza en el colegio; queremos protección para los niños», expresó visiblemente afectada una madre de familia que, irónicamente, había trasladado a sus hijos de un colegio privado hacia el plantel nacional precisamente porque en el anterior ya había sufrido intentos de extorsión. Salió de un lugar donde la extorsionaban para caer en otro donde la situación sería igual o peor.
Y no es un caso aislado. Otros dos centros educativos privados ubicados en el mismo sector también habrían sufrido intentos de extorsión, según confirmaron vecinos y padres de familia consultados. La zona entera estaría siendo asediada por bandas criminales que ven en las escuelas un negocio rentable de intimidación.
Colegios abandonados: el Estado brilla por su ausencia
Los padres de familia no solo denunciaron las amenazas de extorsión, también expusieron el estado de abandono total en el que se encuentran los colegios públicos, lo cual facilita el accionar de los delincuentes. El colegio José Carlos Mariátegui 152 presenta ventanas rotas, salones sin luz, no cuenta con cámaras de seguridad funcionales, carece de iluminación adecuada y no tiene ningún tipo de sistema de vigilancia.
¿Cómo pretenden las autoridades garantizar la seguridad de más de mil estudiantes en un plantel que está completamente desprotegido? Las deficiencias estructurales son evidentes y aumentan dramáticamente la vulnerabilidad de toda la comunidad escolar frente a grupos delictivos que operan con total impunidad.
«Nos sentimos inseguros de dejar a nuestros hijos, porque han amenazado con lanzar una bomba y hay niños en riesgo», advirtieron varias madres de familia congregadas a las afueras de la escuela. Y no son solo los padres quienes están aterrorizados: los propios docentes también solicitaron garantías para poder desarrollar su trabajo sin poner en riesgo sus vidas.
Autoridades ausentes: solo respuestas administrativas
Los padres reclamaron la urgente presencia de representantes de la UGEL 05 y una acción coordinada entre el Ministerio de Educación y las fuerzas del orden. Exigieron que alguien del Estado se haga responsable de proteger a sus hijos. Pero hasta el cierre de la jornada escolar, ¿saben qué recibieron? Únicamente respuestas administrativas, ninguna garantía concreta de seguridad para las próximas fechas.
¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta inoperancia, señores? Las familias peruanas no pueden seguir viviendo con el miedo de que sus hijos sean víctimas de un ataque mientras están en el colegio. Los padres no deberían tener que elegir entre enviar a sus hijos a clase o mantenerlos en casa por temor a las amenazas de bandas criminales.
La continuidad de las actividades escolares en el colegio José Carlos Mariátegui 152 y otros planteles afectados depende ahora de que las autoridades educativas y policiales actúen con la urgencia que el caso requiere. Pero como siempre, mientras ellos se reúnen y «coordinan», las familias siguen en la incertidumbre y el peligro permanece latente.