En solo 7 días, Óscar Arriola pasó de pedir disculpas a la familia a defender al policía investigado por la muerte de Mauricio Ruiz Sanz
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, habría protagonizado un giro de 180 grados en el caso Mauricio Ruiz Sanz —conocido como «Trvko»—, al defender públicamente al suboficial Luis Magallanes y calificarlo como «héroe viviente», apenas una semana después de pedir perdón a la familia de la víctima.
Durante una conferencia de prensa realizada este 23 de octubre en Villa El Salvador —donde la PNP presentaba la detención de nueve personas, entre ellas alias «Achorao», y la incautación de armas, dinamita y droga—, Arriola habría dedicado varios minutos a blindar la imagen del agente involucrado en la muerte del joven manifestante.
La Nueva Narrativa Oficial
«Concurren eximentes de pena: cumplimiento del deber, legítima defensa y miedo insuperable. Es un acto culposo, no hay voluntad criminal», habría declarado el jefe policial, quien además aseguró mantener contacto diario con la familia de Magallanes y brindarle «respaldo total», incluyendo apoyo legal, médico y moral.
Arriola habría recordado haber sido superior directo de Magallanes en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), lo que podría evidenciar un conflicto de intereses en su defensa pública del suboficial.
La Versión que Cambió en 7 Días
El contraste resulta evidente. El 16 de octubre, el mismo comandante general pidió perdón «a nombre de toda la familia policial» a los familiares de Ruiz Sanz y anunció que Magallanes sería investigado «por el fuero penal común», reconociendo que la bala mortal había salido del arma del suboficial.
Sin embargo, ahora Arriola habría sostenido que el disparo «fue al piso», que el agente actuó «bajo shock» tras ser agredido y que habría perdido su arma al ser atacado por manifestantes, a quienes calificó de «personas criminales».
Acusaciones Contra el Ministerio Público
El comandante general habría ido más allá al acusar al fiscal que participó en las diligencias de cometer «prevaricato», amparándose en la Ley 32130 impulsada por el Congreso. Arriola habría adelantado que presentó informes tanto al Ministerio Público como a la Junta Nacional de Justicia.
Esta arremetida contra el fiscal podría interpretarse como un intento de presionar la investigación y desviar la atención del fondo del caso.
Las Contradicciones Técnicas
El cambio de versión evidenciaría el intento de la PNP de consolidar una narrativa oficial exculpatoria, pese a que existen videos que mostrarían el momento del disparo y que contradecirían la tesis de «legítima defensa».
Arriola habría evitado precisar si un disparo al suelo —y no al aire— se ajusta al reglamento policial para procedimientos de dispersión o disuasión, dejando un vacío en su argumentación técnica.
La Narrativa del «Héroe» vs. el «Terruco»
La construcción discursiva de la PNP se habría enmarcado en una narrativa de «buenos contra malos», reforzada por declaraciones de congresistas fujimoristas. Fernando Rospigliosi y Alejandro Aguinaga habrían llamado «terruco» y «terrorista urbano» a Trvko, construyendo un relato donde el victimario sería un héroe y la víctima, un enemigo interno.
Esta polarización habría intensificado el debate público y podría estar influyendo en la percepción ciudadana del caso.
La Familia Olvidada
Mientras la PNP cierra filas en torno a Magallanes, la familia de Mauricio Ruiz Sanz enfrentaría el luto en total abandono estatal. Roger Ruiz, padre del joven fallecido, habría asegurado que no ha recibido ningún tipo de apoyo del Estado y teme por su seguridad.
Un niño de diez años habría quedado huérfano y un hermano aún recordaría el peso de cargar el cuerpo de su hermano en brazos. Ninguna institución les habría ofrecido, siquiera, atención psicológica.
Las Preguntas sin Respuesta
El caso deja interrogantes que exigen respuestas:
¿Por qué el comandante general cambió radicalmente su versión en solo una semana? ¿Existe presión política o institucional detrás de este giro? ¿Las imágenes y videos del incidente respaldan la tesis de «legítima defensa»? ¿Por qué el Estado no brinda apoyo a la familia de la víctima?
La ciudadanía espera transparencia, investigación seria y justicia —no discursos contradictorios ni polarización política—.