El fiscal interino desacata medida cautelar judicial y opinión jurídica favorable que recomendaban mantener la seguridad vehicular de la magistrada suspendida
En lo que se perfila como una nueva maniobra para obstaculizar el retorno de Delia Espinoza Valenzuela al cargo de Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas habría ordenado este martes 28 de octubre el retiro inmediato de los vehículos oficiales asignados a la magistrada suspendida, ignorando deliberadamente tanto un informe jurídico favorable como una medida cautelar judicial que la repone en el cargo.
A través del Oficio N° 355-2025-MP-FN, Gálvez instruyó al gerente general del Ministerio Público que los vehículos utilizados por Espinoza «se asignen al pool vehicular de la Subgerencia de Transportes, a partir del 29 de octubre de 2025». La orden se ejecutaría de forma inmediata, sin considerar las implicancias de seguridad que esto representa.
Informe de la PNP advierte «impacto de riesgo alto»
Lo más grave del asunto es que la decisión de Gálvez contravendría directamente un informe técnico de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, el cual recomendaba expresamente que Espinoza podría seguir usando los vehículos oficiales. Este informe se sustentaría en una evaluación previa de la Policía Nacional del Perú (PNP), que concluyó que se debía «salvaguardar su integridad física, debido a las decisiones tomadas cuando se desempeñaba en el cargo de Fiscal de la Nación, así como, la existencia del alto índice de criminalidad y la coyuntura actual que viene afrontando el país, alcanzando un impacto de riesgo alto».
En otras palabras, mientras la Policía Nacional alertaba sobre el peligro real que enfrentaría Espinoza debido a las investigaciones que lideró contra redes de crimen organizado, corrupción y narcotráfico durante su gestión, Gálvez habría optado por dejarla sin movilidad oficial, exponiéndola potencialmente a represalias.
JNJ desacata orden judicial
El contexto de esta decisión es aún más preocupante. El 13 de octubre, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Fidel Torres Tasso, declaró fundada una medida cautelar presentada por Espinoza que ordenaba su restitución inmediata como Fiscal de la Nación y suspendía los efectos de la Resolución N° 231-2025-JNJ que pretendía reponer a Patricia Benavides Vargas en el cargo.
El fallo judicial fue contundente: ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abstenerse de ejecutar cualquier acto relacionado con la reposición de Benavides y garantizar que Espinoza continúe ejerciendo como Fiscal de la Nación mientras se resuelve el proceso principal de amparo. La JNJ tenía cinco días para cumplir con esta orden bajo apercibimiento de ley.
Sin embargo, en un acto que cuestiona la independencia y respeto al Poder Judicial, la JNJ decidió desacatar la orden argumentando que la resolución judicial solo se referiría a uno de los cuatro cargos disciplinarios contra Espinoza, manteniendo vigentes los otros tres. Esta interpretación permitiría a la JNJ continuar con su proceso disciplinario y justificar la permanencia de Tomás Gálvez como fiscal interino.
Patrón de hostigamiento sistemático
Esta no sería la primera medida que buscaría dificultar el desempeño y seguridad de Delia Espinoza. En septiembre pasado, inmediatamente después de su suspensión por parte de la JNJ, la Policía Nacional le retiró su seguridad personal, a pesar de que la propia magistrada advirtió públicamente: «Temo por mi vida, soy un ser humano, pero eso me llena de temor para seguir enfrentando la corrupción».
Luciano López, abogado de Espinoza, denunció en su momento un «trato diferenciado» al comparar el caso con el de Patricia Benavides, quien habría mantenido su custodia policial a pesar de estar destituida. López responsabilizó directamente al Ministerio del Interior y a la PNP por cualquier atentado que pudiera sufrir su defendida.
Ahora, con el retiro de los vehículos oficiales, se estaría completando un patrón de hostigamiento que incluiría: la suspensión ordenada por la JNJ, el retiro de seguridad personal, el desacato de una orden judicial que la repone en el cargo, y finalmente, la eliminación de su movilidad oficial pese a advertencias expresas sobre riesgos para su integridad física.
¿Quién es Tomás Gálvez?
La figura de Tomás Aladino Gálvez Villegas como Fiscal de la Nación interino genera sus propias controversias. Su nombre apareció vinculado a la organización criminal «Los Cuellos Blancos del Puerto» en investigaciones reveladas por los «CNM Audios» en 2018. El Ministerio Público sustentó en su momento un pedido de impedimento de salida del país basándose en 24 llamadas telefónicas entre Gálvez y miembros de esa red delictiva.
En una de esas conversaciones interceptadas, Gálvez le habría solicitado al prófugo exjuez supremo César Hinostroza: «Un favor para completar la chamba pe’, lo de Waltercito para ver si lo apoyas ahí (…) la mujer que lo está jodiendo». Las investigaciones también lo vincularían con gestiones irregulares para beneficiar a funcionarios bajo proceso y empresarios investigados.
Aunque fue suspendido como fiscal supremo por este caso, Gálvez retornaría a sus funciones tras el vencimiento de la medida, y ahora se mantendría como titular interino del Ministerio Público aprovechando que los fiscales Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos declinaron asumir el cargo bajo presiones del Congreso, según reportó La República.
Un Poder Judicial ignorado
La situación actual expone una crisis institucional profunda. Por un lado, el Poder Judicial ordena la restitución de Espinoza reconociendo que la JNJ habría excedido sus competencias al suspenderla. Por otro, la JNJ se niega a acatar el mandato judicial y Tomás Gálvez, lejos de facilitar una transición ordenada en caso se concrete la reposición, estaría tomando medidas que dificultarían el ejercicio de las funciones de quien tiene una orden judicial que la ampara como la legítima Fiscal de la Nación.
El abogado de Espinoza, Luciano López, manifestó a RPP que su defendida estaría dispuesta a reincorporarse inmediata cumpliendo la resolución judicial, pero los obstáculos se multiplicarían: sin seguridad personal, sin vehículos oficiales y con una JNJ que se niega a reconocer la orden judicial.
Mientras tanto, investigaciones emblemáticas contra la corrupción y el crimen organizado que Espinoza lideraba cuando fue electa Fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos permanecerían en un limbo institucional, en medio de esta batalla de poderes que pone en evidencia las profundas fisuras del sistema de justicia peruano.
La pregunta que muchos se hacen es clara: ¿por qué tanto interés en impedir que Delia Espinoza retome el cargo que le fue asignado democráticamente por sus pares? ¿A quiénes beneficiaría que una fiscal que inició investigaciones contra altas esferas del poder político y económico permanezca suspendida y desprotegida?
Señores y señoras, las respuestas a estas interrogantes podrían estar más relacionadas con la protección de intereses particulares que con el respeto al Estado de Derecho. Y mientras esto ocurre, la ciudadanía sigue siendo testigo de cómo la justicia se convierte en un campo de batalla donde los más poderosos parecen tener todas las ventajas.