Gremio denuncia presiones de empresarios y funcionarios de la ATU para silenciar protestas contra la inseguridad ciudadana
La Asociación Nacional de Conductores del Perú habría suspendido oficialmente el paro de transportistas que estaba programado para este jueves 24 y viernes 25 de julio, tras denunciar «constantes amenazas, presiones y amedrentamientos» por parte de propietarios de empresas de transporte y funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
Miguel Palomino, presidente del gremio, habría confirmado que esta difícil decisión se tomó en medio de un contexto de intimidación que buscaría silenciar la voz de protesta de miles de conductores y trabajadores del transporte en Lima y Callao. La medida de fuerza había sido convocada inicialmente como respuesta a la ola de extorsiones y asesinatos que estarían afectando al sector.
La paralización había surgido tras el asesinato de dos trabajadores de la empresa Emptonsa – un conductor identificado como Carlos Ríos y un cobrador llamado Edgar Durán – ocurrido el pasado 8 de julio en Carabayllo. El crimen habría detonado la indignación de conductores y cobradores, quienes denuncian que las empresas no asumen responsabilidad por su seguridad.
Según el comunicado emitido por la asociación, las amenazas habrían provenido tanto de empresarios del sector como de funcionarios de la ATU, quienes presuntamente buscarían evitar que se visibilicen los problemas reales que afectan a los trabajadores del transporte público. Los dirigentes denuncian que esta presión tendría como objetivo impedir que la ciudadanía conozca la grave crisis de seguridad que estaría viviendo el gremio.
A pesar de la suspensión, algunos grupos de transportistas habrían decidido mantener manifestaciones menores durante estos días, mientras que la mayoría del gremio se habría replegado hacia el paro nacional convocado para el 27 y 28 de julio, durante las celebraciones de Fiestas Patrias.
El sector transporte denuncia que estaría siendo víctima constante de extorsiones por parte de organizaciones criminales, y que los asesinatos continuarían ocurriendo incluso cuando las empresas pagan los denominados «cupos». Los trabajadores exigen al gobierno medidas concretas contra la delincuencia organizada y mayor presencia policial en rutas y paraderos.
La medida suspendida habría incluido movilizaciones desde las 6:00 a.m. con concentración en la Plaza Dos de Mayo del Centro de Lima, para posteriormente dirigirse hacia el Ministerio Público. Los manifestantes habrían buscado exigir un gobierno transitorio y acciones inmediatas contra la inseguridad ciudadana que los estaría afectando diariamente.
El Ministerio del Interior, a través de su titular Carlos Malaver, había confirmado previamente que ningún gremio formal de transporte acataría paralizaciones durante el resto de julio, lo que habría generado mayor tensión entre los dirigentes del sector.